La conferencia climática de Naciones Unidas COP31 abrirá el lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con la financiación para países en desarrollo entre los asuntos centrales de una negociación que se extenderá hasta el día 20.
La cita reunirá a gobiernos que deben convertir compromisos previos en recursos y medidas concretas. Turquía ejercerá la presidencia de la conferencia y Australia conducirá las negociaciones. Además de reducir emisiones, las delegaciones discutirán cómo financiar la adaptación a fenómenos extremos y la atención de pérdidas que ya no pueden evitarse. La víspera del encuentro, las posiciones conocidas muestran diferencias sobre quién debe aportar dinero y en qué condiciones debe llegar a sus destinatarios.
Una meta de 300 mil millones para 2035
En la COP29 de Bakú, los países acordaron elevar a 300 mil millones de dólares anuales para 2035 la meta colectiva de financiación dirigida a economías en desarrollo. También se planteó movilizar 1.3 billones de dólares para ese año al sumar recursos públicos y privados. Son compromisos distintos: el segundo monto incorpora fuentes adicionales y no equivale a una promesa exclusiva de aportaciones gubernamentales.
La referencia anterior era de 100 mil millones de dólares al año, anunciada por los países desarrollados en 2009 para cumplirse a partir de 2020. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esa cifra se alcanzó por primera vez en 2022. Para 2024, último año con información completa citado antes de la cumbre, la movilización rondó 137 mil millones. El dato supera el objetivo antiguo, pero aún está lejos de la meta fijada para 2035.
Préstamos y subvenciones abren otra diferencia
La discusión no se limita al volumen del dinero. También importa si llega mediante subvenciones, créditos favorables o préstamos con condiciones de mercado. Cerca de dos tercios de la financiación climática pública proporcionada en 2024 tomó la forma de préstamos, de acuerdo con la OCDE. Para países con poco margen de endeudamiento, esa composición puede limitar el acceso real a los recursos, aun cuando las operaciones se contabilicen como apoyo climático.
Los fondos pueden financiar tres tareas diferentes. La mitigación busca reducir gases de efecto invernadero; la adaptación prepara a poblaciones e infraestructura ante sequías, inundaciones y calor extremo; y las pérdidas y daños atienden consecuencias que no fue posible evitar. La adaptación suele atraer menos capital privado porque obras como alertas tempranas o defensas frente a inundaciones no ofrecen ingresos directos comparables con un proyecto energético.
La adaptación llega a Antalya con déficit de recursos
Naciones Unidas calcula que los países en desarrollo podrían necesitar hasta 365 mil millones de dólares anuales para adaptación en 2035. En 2023 recibieron aproximadamente 26 mil millones de financiación pública internacional para ese fin. La distancia entre ambas cifras explica por qué estas delegaciones buscarán más apoyo y mejores condiciones de acceso durante la conferencia. También reclamarán trámites menos complejos para usar los mecanismos ya existentes.
La Unión Europea llegará con una posición orientada a aplicar el Acuerdo de París y avanzar en la transición energética. Bruselas no ha planteado asumir nuevos objetivos por encima del marco de Bakú, aunque se muestra dispuesta a aumentar recursos de adaptación dentro de lo ya pactado. Las organizaciones ambientales, por su parte, piden compromisos más precisos sobre subvenciones y abandono de combustibles fósiles.
La apertura del lunes pondrá frente a frente esas prioridades: cumplir las metas ya acordadas, ampliar recursos disponibles y definir cómo se distribuyen entre reducción de emisiones, adaptación y daños. Las decisiones quedarán sujetas a las negociaciones de Antalya hasta el 20 de noviembre.
Fuentes: Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Comisión Europea.
