Asunción, Paraguay. La Policía Nacional confirmó este viernes la detención domiciliaria de Santiago Peña, horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político. La Fiscalía ordenó la medida en medio de una investigación por presunta lesión de confianza vinculada con la crisis del banco Ueno, que también desencadenó protestas de ahorradores.
El arresto llegó después de dos decisiones distintas: primero, la resolución política que lo separó de la Presidencia; luego, la orden penal dirigida a asegurar que quedara a disposición de la unidad de delitos económicos y anticorrupción. La detención no equivale a una declaración de culpabilidad, y el alcance de la imputación deberá definirse en el procedimiento judicial.
Del juicio político al arresto domiciliario
El Senado paraguayo examinó las acusaciones contra Peña después de que la Cámara de Diputados aprobara abrir el juicio político. El mandatario no compareció personalmente ante los senadores y fue representado por abogados. Antes de la resolución final había solicitado más tiempo para preparar su defensa, una petición que fue rechazada.
La cámara alta optó por la destitución y no por aceptar una renuncia presentada por Peña. Esa diferencia tuvo efectos institucionales: al dejar el cargo por una decisión del Senado, perdió las protecciones asociadas a su condición de presidente. La Fiscalía activó después una orden de detención relacionada con la investigación financiera.
La Policía informó que el exmandatario permanece oficialmente detenido en su domicilio. La medida está prevista hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. No se trata de una sentencia ni resuelve por sí misma la responsabilidad de Peña en los hechos investigados.
Ueno Bank, en el centro de la crisis
La secuencia comenzó con la intervención del banco Ueno por parte del Banco Central de Paraguay, tras problemas de solvencia. El cierre del acceso a depósitos afectó a alrededor de tres millones de clientes y dio lugar a manifestaciones en Asunción, incluidas protestas frente al Congreso para exigir la recuperación del dinero y responsabilidades políticas.
La controversia no se limita a los ahorros privados. Bajo examen están los depósitos de recursos estatales colocados en la institución financiera durante el gobierno de Peña, incluidos fondos públicos de pensiones. Los investigadores buscan establecer cómo se tomaron esas decisiones y si existió un perjuicio para el Estado.
Peña mantuvo relaciones de inversión con una empresa vinculada al principal accionista del grupo al que pertenece Ueno Bank. Esa relación ha sido mencionada en el debate político, pero no demuestra por sí sola un delito. La pesquisa deberá distinguir entre los vínculos comerciales, las decisiones administrativas y cualquier conducta penalmente atribuible a personas concretas.
Continuidad del gobierno y alcance de la pesquisa
Tras la salida de Peña, Pedro Alliana asumió la Presidencia. El relevo ocurrió mientras las autoridades financieras y judiciales atendían las consecuencias del caso Ueno. La investigación incluye además a otros funcionarios y exfuncionarios relacionados con la administración de fondos y la supervisión del sistema bancario.
La Fiscalía también contempló una orden contra Carlos Carvallo Spalding, quien encabezó hasta esta semana el banco central. Los reportes disponibles no confirmaban su detención al momento de la información sobre Peña, de modo que la situación de ambos no podía presentarse como idéntica. En el caso del expresidente, la Policía sí confirmó el cumplimiento de la medida.
Clientes sin acceso a depósitos
La dimensión social del caso sigue marcada por los clientes que no pueden disponer de sus depósitos. Las protestas en la capital paraguaya precedieron la destitución y continuaron mientras avanzaban las decisiones del Congreso. El procedimiento político resolvió quién ocupa la Presidencia, pero no abrió por sí solo el acceso a los recursos retenidos en la entidad intervenida.
El viernes terminó con un nuevo presidente en funciones y con Peña bajo arresto domiciliario. La siguiente etapa corresponde a la investigación del Ministerio Público sobre los fondos públicos y las decisiones vinculadas al banco, mientras la intervención financiera mantiene abierta la preocupación de los depositantes.
Fuentes: MVS Noticias, N+, DW, El Horizonte.
