1 de marzo de 2024

En México las mujeres esperan hasta 16 años por ¿justicia?

Ciudad de México.-En México la justicia para las mujeres quienes vivieron algún tipo de violencia les puede llevar hasta ocho años para obtener una sentencia, sea favorable o no, y luego, esperar con incertidumbre, otros ocho años para saber si los agresores presentan un amparo que pueda o no revertir su sentencia, así lo mencionó Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en la presentación del micrositio web ‘¿Una sentencia es sinónimo de justicia?’.

Presentado en conjunto con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el sitio web muestra los procesos de 19 casos que acompañó el IMDHD por más de cinco años y que obtuvieron sentencias favorables para las mujeres relacionadas con casos de feminicidio, violencia sexual y familiar, resueltos durante el 2022 y 2023.

Al revisar los casos, se observaron buenas y malas prácticas desplegadas por las autoridades intervinientes, sobre todo las fiscalías y las juezas que resolvieron, como patrones discriminatorios que persisten y se encuentran arraigados dentro del sistema que impiden el acceso a la justicia para las mujeres.

Se identificó una «tendencia preocupante» por parte de las juezas en la Ciudad de México, específicamente en los delitos de violencia sexual y violencia familiar, de imponer penas mínimas contempladas por el Código Penal, argumentando que las conductas desplegadas no justificaban el grado máximo de culpabilidad.

También lograron documentar que las autoridades jurisdiccionales no están aplicando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para analizar el contexto de los casos e identificar la forma en que las conductas afectan la vida de las mujeres y niñas.

En los casos en los que sí se otorgaron condenas altas que respondían a la gravedad de los ilícitos, los Tribunales de Alzada que conocieron de las apelaciones presentadas por los agresores en contra de las sentencias condenatorias, determinaron reducir los años de prisión.

Otros hallazgos son el largo tiempo que invierten las mujeres en sus procesos penales y el tiempo que tardan las autoridades en resolverlos. En promedio, los procesos tardaron 4 años en resolverse, algunos hasta 8 años. Ninguno de los casos duró menos de 2 años desde la presentación de la denuncia.

Asimismo, el constante trato desigual que se les brinda a las mujeres, las autoridades privilegian en todo momento los derechos de los agresores imputados en lugar de realizar una debida ponderación para resolver de forma más justa e igualitaria. Esto se observó en la presentación de pruebas fuera de tiempo, violación de términos procesales y diferimiento de audiencias.

También los homicidios dolosos se han multiplicado en el país pasando de mil 733 en 2015 a 2 mil 812 en 2022 esta cifra es una constante preocupación, pues muchos homicidios dolosos de mujeres son realmente feminicidios que no han sido clasificados e investigados por las fiscalías.

Para las abogadas del Instituto de Defensoría, aunque en los casos presentados se lograron resultados alentadores, ello no significa necesariamente que se haya obtenido justicia, ya que la definición de justicia puede variar según la experiencia y percepción individual de cada mujer.

Para hablar de justicia, hay que hablar necesariamente de derechos humanos, de dignidad, de igualdad y no discriminación, de respeto, y de muchos otros principios que no pueden ser soslayados por las autoridades, mucho menos si se habla de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, se lee en el micrositio.

En este sentido, Ugarte, señaló tres aspectos fundamentales que este proyecto busca visibilizar:

La dificultad que resulta para las mujeres víctimas de violencia en México transitar un procedimiento jurídico en este país.
Las vicisitudes y todas las mermas económicas socioculturales y psicosociales que viven, no solamente en sus vidas personales sino también en sus vidas familiares y comunitarias.
La necesidad de hablar con el Poder Judicial, con la sociedad mexicana, con las fiscalías, para -de nueva cuenta- retomar estas historias vivas que van más allá de las cifras, para que verdaderamente sepamos qué es juzgar con perspectiva de género.
En un país donde más de 11 mujeres son asesinadas al día, el obtener justicia es un camino penal arduo, tardado, revictimizante y, en muchas ocasiones, inhumano, señalaron las abogadas.

Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011), como la reforma al sistema de justicia en México (2014), incluyeron todo un catálogo de derechos para las víctimas dentro del proceso penal, así como una serie de principios fundamentales para asegurar el debido proceso y la igualdad de las partes. Sin embargo, al día de hoy, indica el IMDHD, las mujeres víctimas de violencia no han podido ejercer esos derechos, específicamente, aquellos relacionados con el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.

El derecho fundamental de acceso a la justicia ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la posibilidad de obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes.

Para las abogadas, los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación del daño son sumamente bajas y no por un tema monetario estrictamente, hablar de una reparación integral y todo lo que implica es algo que todavía no se retoma.

El IMDHD ha acompañado a mujeres en sus procesos penales para obtener justicia y reparación por más de siete años. En los 19 casos que se presentan en el micrositio, se recopiló toda la información relativa a las 16 sentencias condenatorias y 3 absolutorias logradas a través del acompañamiento jurídico del IMDHD durante el 2022 y 2023.

Desde hace más de siete años, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) ha acompañado a diversas mujeres durante todas las etapas de su proceso penal a fin de llegar a una resolución judicial que sancione a sus agresores y que les repare un poco de todas las afectaciones que han sufrido a causa de la violencia vivida.

Con información de: CIMAC Noticias

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