El último recuerdo que María Dolores Alcántar guarda de su hermana Silvia es desgarrador: una plancha fría, el cuerpo ya en descomposición y un tatuaje que apenas se asomaba de una bolsa negra con cierre. La vida de Silvia quedó reducida a ese instante, a esa imagen que la persigue desde hace ocho días.
Cuando Silvia salió de Pénjamo, Guanajuato, lo hizo con una promesa de amor en las manos. Creyó en un futuro junto a un hombre del que apenas sabían el nombre. Dejó atrás el rancho y a su gente, el calor de un pueblo donde pasó 35 años rodeada de familia. El viaje terminó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde la promesa se transformó en encierro, golpes y silencios.
Durante tres años, Silvia Rodríguez —37 años, madre de tres hijos— habitó un departamento del fraccionamiento Real del Bosque. Ahí, tras las paredes de la periferia, padeció violencia física, psicológica y verbal de parte de su pareja, Ángel. Ahí también la encontraron sin vida, el 20 de septiembre pasado.
Al inicio, la versión oficial quiso reducirla a un suicidio con una presunta carta póstuma, en un supuesto acto desesperado. Pero la necropsia reveló lo que su familia siempre supo: Silvia murió por asfixia mecánica. La mataron. Su agresor, Ángel, originario de Chiapas, permanece prófugo.
María Dolores recuerda que las señales siempre estuvieron presentes, sobre todo en la tristeza que se escuchaba en la voz de su hermana. “Poco a poco me la fueron apagando; ella era una mujer alegre, con una nobleza en el corazón”.
“Ella no tenía por qué morir así. Le arrebataron su vida, a sus hijos les arrebataron a su madre. Y ahora pretenden disfrazarlo de suicidio”, acusa.
El dolor se multiplicó con la revictimización. Autoridades filtraron fotografías del cuerpo de Silvia a una funeraria y esas imágenes, junto con su credencial de elector, circularon en redes sociales.
La Ley Ingrid, que prohíbe la difusión de imágenes de víctimas, quedó en letra muerta. “Las primeras imágenes salieron de la policía, no de los periodistas”, reclamó Adriana Gómez, activista que acompañó el caso y que también sufrió la filtración de fotos de su hija.
Silvia era una mujer alegre antes de mudarse a Chiapas: amante de la música, de las mañanas con café, de los detalles sencillos. No merecía este final.
En Tuxtla Gutiérrez, este es ya el feminicidio número 26 en lo que va del año. La colectiva Madres en Resistencia de Chiapas denunció que el caso refleja la normalización de la violencia y la impunidad que envuelve a las mujeres asesinadas.
La familia de Silvia exige justicia: que se detenga a Ángel, que se reconozca el feminicidio, que no se archive su caso como intentó hacerlo en un principio la Fiscalía del Estado.
