El sector empresarial pasó del “no es momento” a pedir un “traje a la medida” en torno a la discusión de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral. En el marco del cuarto foro del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, representantes empresariales solicitaron un mayor diálogo social en torno al tema para construir un proyecto que sea flexible, gradual y que responda a la realidad de las diferentes industrias.
“Tenemos la confianza y la certeza de que es el diálogo social, con la participación del sector obrero, patronal y el gobierno, el espacio adecuado para analizar las modificaciones a la jornada laboral. Sólo a través de un verdadero diálogo social con mesas de trabajo por sector, podremos dimensionar los potenciales impactos y formas de contención para una reforma de esta magnitud”, dijo Mylene Cano de la Fuente, gerente de Asuntos Económicos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En entrevista previa al inicio de los foros del Parlamento Abierto, José Medina Mora, presidente del organismo, manifestó que el sector empresarial consideraba que México no está en condiciones de avanzar en una reforma de este tipo, incluso con una transición gradual. “No es momento de reducir la jornada laboral”, señaló en su momento.
En el primer foro en la Cámara de Diputados, el sector patronal comenzó a mostrar cambios en la postura. De hecho, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, expresó: “cómo está planteada la reforma el día de hoy, no es el momento para aprobarla, señalo, como está planteada el día de hoy (…) Que éste sea el inicio de un diálogo responsable para buscar el ‘cómo sí’ en beneficio de los trabajadores”.
Para el cuarto encuentro, la iniciativa privada eliminó por completo la postura de “no es momento” y pidió un “traje a la medida” en el contenido de la reforma, argumentando los impactos negativos que tendría un cambio constitucional sin un régimen de transición y la necesidad de un diálogo social más amplio que incluya al Ejecutivo.
“La experiencia en otros países también demuestra que (el diálogo social) es la mejor ruta para analizar una posible reducción de jornada y mitigar sus impactos (…)”, apuntó Mylene Cano.
Por otra parte, Octavio Benavides, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Coahuila Sureste, consideró que con el diálogo social “podemos hacer el traje a la medida para México. Hay modelos de éxito como Chile o Colombia, lo primero que todos han hecho, se han sentado en la mesa, han visto cómo está su país y con base en ello, han desarrollado las medidas para el país y para las industrias”.
En tanto, representantes empresariales y sindicales pidieron a los legisladores considerar lo establecido en la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una norma que establece las pautas para que los países disminuyan su jornada de trabajo, idealmente a un límite de 40 horas.
Este instrumento internacional, con poco más de 60 años de vigencia, recomienda a las economías disminuir el límite legal en las horas de trabajo de manera gradual y sin reducir sueldos, considerando las circunstancias de cada país y sector, y con prioridad en las industrias con más riesgo para la salud de las personas, entre otros aspectos.
“Si todos asumimos nuestras responsabilidades (patrones, sindicatos y gobierno) y hacemos un plan de trabajo específico, seguramente puede salir algo bueno de esto. Hay muchas más coincidencias más que diferencias”, opinó Octavio Benavides.
Sin embargo, Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, advirtió que la gradualidad y la flexibilidad que se pide para la implementación de la reducción de la jornada laboral no debe usarse como un argumento para posponer la reforma.
El representante del organismo internacional compartió que la experiencia internacional muestra que la reducción de la jornada laboral debe ser progresiva, incluyente, con programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, estrategias nacionales de habilidades e incremento en salarios.
Con información de: El Economista
