El noreste de Nigeria enfrenta una emergencia alimentaria que combina violencia, desplazamiento y caída de la producción agrícola, con efectos especialmente graves para niñas, niños y mujeres.
La crisis humanitaria volvió a quedar expuesta este 11 de agosto luego de que Acción contra el Hambre describiera un deterioro sostenido en los estados de Borno, Adamawa y Yobe. En esas zonas, la inseguridad limita el acceso a tierras de cultivo, interrumpe los ingresos familiares y vuelve más difícil conseguir alimentos, atención médica y educación.
El problema no se reduce a la falta de cosechas. Familias que dependían del campo han tenido que dejar sus comunidades o reducir sus actividades por el riesgo de ataques, secuestros y extorsiones. La presión sobre las ciudades receptoras también crece, pues llegan personas desplazadas a lugares donde el empleo y los servicios ya son escasos.
La violencia aleja a las familias de sus parcelas
La agricultura es una fuente central de trabajo e ingreso en el noreste nigeriano. Sin embargo, el temor a transitar por caminos rurales o permanecer en las parcelas ha reducido la capacidad de muchas familias para sembrar, cosechar y criar ganado. La organización humanitaria advierte que esta pérdida de actividad productiva acelera el deterioro alimentario.
La región arrastra desde hace años una insurgencia armada y el impacto de grupos criminales. Esa combinación ha vaciado comunidades y provocado desplazamientos prolongados. Cuando las familias dejan de cultivar, no sólo pierden alimentos para el autoconsumo: también pierden la posibilidad de vender producción y cubrir gastos esenciales.
Más de 36 millones con inseguridad alimentaria
Según la información recogida por Vatican News a partir de Acción contra el Hambre, más de 36 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en Nigeria durante 2026. La cifra reportada para el año previo era de alrededor de 33 millones, lo que muestra la velocidad con la que aumentan las necesidades.
El impacto es especialmente delicado entre menores de cinco años. La organización indicó que más de seis millones de niñas y niños padecen desnutrición y que cerca de tres millones se encuentran en situación de desnutrición aguda grave. Las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas mayores también tienen una exposición elevada ante la falta de alimento y servicios de salud.
Clima y financiamiento agravan la respuesta
Además de la violencia, la emergencia se relaciona con eventos climáticos, desplazamiento forzado y menor financiación internacional. La reducción de recursos limita los programas que ofrecen alimentos, transferencias de efectivo, agua potable, atención sanitaria y tratamiento nutricional justo cuando la demanda aumenta.
Acción contra el Hambre informó que en 2025 atendió a más de dos millones de personas en el país. El reto para 2026 es sostener esas acciones y ampliar la protección en zonas donde muchas familias no pueden recuperar por sí mismas sus medios de vida.
La salida requiere ayuda y recuperación productiva
La asistencia de emergencia es indispensable para evitar que la desnutrición se profundice, pero no sustituye las condiciones que permiten a una comunidad recuperarse. Restablecer la seguridad, el acceso a la tierra, el agua y la atención médica resulta clave para que las familias vuelvan a producir y tengan ingresos propios.
Las organizaciones humanitarias piden al gobierno nigeriano y a sus socios internacionales sostener la respuesta inmediata y acompañarla con inversiones de largo plazo en agricultura, protección social y paz. La prioridad es impedir que la inseguridad siga convirtiendo cada ciclo agrícola perdido en una nueva crisis alimentaria.
Fuentes: Vatican News y Acción contra el Hambre.
