Unas 25 mil personas marcharon por el centro de Madrid y alrededor de 500 permanecieron acampadas en la Puerta del Sol para exigir cambios en las reglas de alquiler y desahucio, después del desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió siete décadas en la misma vivienda.
La movilización del sábado continuó este domingo con tiendas de campaña, asambleas y actividades frente a la sede del gobierno regional. El Sindicato de Inquilinas anunció que mantendrá la protesta mientras el Ejecutivo español prepara un decreto de vivienda para el Consejo de Ministros.
El desahucio de Maricarmen detonó las manifestaciones
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, dejó el miércoles el piso madrileño que alquilaba desde hacía 70 años. Los tribunales consideraron vencido el contrato de 1956 que había heredado de sus padres y dieron la razón a Urbagestión, empresa propietaria que reclamó recuperar el inmueble.
Su caso se convirtió en el eje de la protesta bajo el lema “Ni una Maricarmen más”. La Delegación del Gobierno calculó una asistencia de 25 mil personas, mientras la organización elevó la cifra a más de 300 mil. Al terminar la marcha, cerca de 500 manifestantes instalaron una acampada en Sol.
Los participantes organizaron carpas, talleres, discursos y actuaciones musicales. También reunieron suministros para quienes decidieron pasar la noche en la plaza donde en mayo de 2011 comenzó el movimiento de los indignados.
Los inquilinos piden contratos estables y freno a desahucios
El Sindicato de Inquilinas reclama contratos indefinidos o renovaciones automáticas, de manera que la persona arrendataria pueda permanecer después del plazo mínimo legal de cinco años. También exige congelar rentas, impedir desalojos sin alojamiento alternativo y limitar los alquileres de temporada y por habitaciones.
Entre las peticiones dirigidas al próximo decreto figura obligar a los propietarios a justificar por qué no renuevan un contrato y establecer una indemnización cuando no exista una causa válida. La organización también propone restringir la compra de viviendas cuando el adquirente no vaya a residir en ellas.
Economistas críticos de los controles advierten que limitar precios y dificultar la recuperación de los inmuebles puede reducir la oferta. Un estudio del Banco de España de 2020 señaló que los topes pueden abaratar temporalmente los alquileres regulados, pero también disminuir las viviendas disponibles y encarecer las que quedan fuera de esas zonas.
Los precios subieron 12.2 por ciento en un año
La protesta ocurre después de un nuevo aumento de los precios de la vivienda. El Instituto Nacional de Estadística registró un crecimiento interanual de 12.2 por ciento en el segundo trimestre de 2026 y de 12.9 por ciento en la Comunidad de Madrid.
El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se construyeron 750 mil viviendas menos de las necesarias para atender la formación de nuevos hogares. La combinación de precios al alza y oferta insuficiente ha ampliado la presión sobre familias con ingresos bajos y medios.
Madrid no fue la única ciudad movilizada. Barcelona, Alicante y Santiago de Compostela registraron protestas, y hubo convocatorias en unas 40 ciudades españolas para reclamar medidas contra el encarecimiento del alquiler.
Pedro Sánchez prepara un decreto para el martes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que su gabinete trabaja para llevar un real decreto ley de vivienda al Consejo de Ministros del martes. Pidió a sus aliados parlamentarios un último esfuerzo para que la norma sea convalidada por el Congreso, debido a que encabeza un gobierno en minoría.
La vicepresidenta Yolanda Díaz respaldó las movilizaciones y pidió actuar contra los fondos inmobiliarios. El Partido Popular planteó medidas distintas, como eliminar las zonas con límites al alquiler y ampliar avales para que los jóvenes compren vivienda. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por esa formación, reclamó restablecer la normalidad en Sol.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, condicionó el final de la acampada a que el decreto incluya contratos indefinidos. La organización también pidió a CCOO y UGT convocar una huelga general si la norma no prospera.
Fuentes: BBC News Mundo, Aristegui Noticias
