El gobierno de Austria presentó este miércoles 11 de noviembre un proyecto para endurecer su legislación contra el espionaje y extender la protección penal a las organizaciones internacionales instaladas en Viena.
La propuesta busca cerrar una diferencia en el marco vigente: la ley castiga de manera expresa las actividades de inteligencia dirigidas contra el Estado austriaco, pero no abarca con la misma claridad las operaciones que tienen como objetivo a instituciones internacionales o a otros países en su territorio. El borrador todavía necesita la aprobación del Parlamento y, por tanto, sus nuevas penas no están en vigor.
Viena alberga a decenas de organismos internacionales
La capital austriaca es una sede de Naciones Unidas y del Organismo Internacional de Energía Atómica. También recibe a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esa concentración de instituciones diplomáticas y técnicas explica por qué el Ejecutivo quiere ampliar el alcance de los delitos de espionaje.
La ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, sostuvo durante la presentación que la seguridad del país y su reputación como sede de diálogo están en juego. Su planteamiento vincula la reforma con las denominadas amenazas híbridas, una categoría que comprende acciones como sabotaje, ataques informáticos y campañas de desinformación, además de actividades de inteligencia tradicionales.
La pena máxima contra Austria subiría a diez años
La legislación actual contempla hasta cinco años de prisión para quien organice, opere o apoye un servicio secreto de inteligencia en perjuicio de Austria. El proyecto elevaría ese máximo a diez años cuando la actividad se dirija contra el país. El cambio duplicaría el límite de la sanción prevista para esa conducta, aunque la aplicación concreta dependería de cada caso y de una eventual aprobación legislativa.
El borrador también establecería de forma explícita el delito de espionaje contra organizaciones internacionales o contra la Unión Europea. Para esa modalidad se plantea una pena máxima de cinco años. La diferencia entre ambas escalas refleja que el texto distingue el daño directo a Austria de las operaciones contra instituciones que tienen presencia en su territorio.
El reclutamiento de agentes entra en el proyecto
Otra parte de la iniciativa se dirige al reclutamiento para actividades de inteligencia. Las autoridades quieren prohibir expresamente tanto captar agentes como aceptar ese reclutamiento. La medida apunta, entre otros supuestos, a personas utilizadas para encargos de bajo nivel sin conocer necesariamente la totalidad de la operación en la que participan.
El gobierno anterior había anunciado en 2024 una idea semejante, pero no consiguió acordar una ley antes de las elecciones de ese año. El anuncio de este miércoles vuelve a colocar el asunto en la agenda parlamentaria con un texto que especifica las conductas y las penas propuestas. Austria mantiene una política de neutralidad militar desde la década de 1950 y es miembro de la Unión Europea.
El Ejecutivo vincula la reforma con su política diplomática
Meinl-Reisinger afirmó que desde su llegada al cargo, en marzo de 2025, se han denegado visados de entrada a diplomáticos en 63 casos. Añadió que ocho diplomáticos rusos han sido expulsados de Austria durante ese periodo. Son medidas administrativas y diplomáticas distintas de los delitos que el Parlamento deberá examinar en el nuevo proyecto.
El resultado inmediato es la presentación de una propuesta legislativa, no un cambio automático del código penal. El Parlamento decidirá si incorpora la protección expresa de las instituciones internacionales, modifica las sanciones por espionaje contra Austria y tipifica el reclutamiento. Hasta entonces, el alcance de las nuevas disposiciones sigue sujeto al trámite legislativo.
Fuentes: Gobierno de Austria, Associated Press, Cadena 3.
