La Auditoría Superior del Estado de Chiapas documentó seis observaciones definitivas por 182 millones 592 mil pesos en la operación del programa Chiapas Puede durante el ejercicio 2025. Los señalamientos se refieren a becas, padrones, materiales y servicios del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, y no equivalen por sí mismos a una responsabilidad firme.
La revisión, difundida este 15 de agosto, vuelve a colocar bajo escrutinio a una estrategia creada para atender el rezago educativo y el analfabetismo en la entidad. La información conocida señala que las observaciones forman parte del Informe Individual ASE/OAC/024/2026, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública estatal de 2025.
La mayor diferencia se concentra en becas
De acuerdo con el reporte periodístico basado en la fiscalización, la observación de mayor monto asciende a 147.8 millones de pesos y está relacionada con recursos destinados a becas de alfabetización. La Auditoría identificó diferencias entre formatos contables y la documentación revisada sobre personas incorporadas como educandos. El punto central es que no quedó acreditada, en los documentos analizados, la aplicación de esos recursos al programa ni su eventual reintegro a la Tesorería.
Además de ese componente, la revisión reportó inconsistencias en la incorporación de beneficiarios y en la compra de materiales. El procedimiento de fiscalización permite aclaraciones y solventaciones, por lo que los montos observados deben distinguirse de una determinación definitiva de daño patrimonial o de responsabilidades administrativas o penales.
Materiales y padrón, entre los hallazgos
El informe citado señala que 39 mil 649 paquetes escolares adquiridos para participantes permanecían almacenados sin haber sido distribuidos al momento de la fiscalización. El valor de ese material supera los 8.2 millones de pesos. La observación se centra en que los insumos comprados para las personas incorporadas no habían llegado a sus destinatarios cuando se realizó la revisión.
También se reportaron inconsistencias en el padrón. Entre ellas, el registro de 5 mil 130 personas que ya contaban con evidencia de alfabetización y que recibieron recursos del esquema, así como autorizaciones de pago a personas que no habrían aprobado las evaluaciones correspondientes. Estos datos forman parte de los puntos que el órgano fiscalizador deberá seguir procesando con la documentación y las respuestas institucionales que correspondan.
La investigación penal es un expediente distinto
La publicación sobre la auditoría refiere que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación relacionada con la operación del programa y que el 27 de julio informó de dos detenciones vinculadas con presuntos hechos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y desvío de recursos. En cateos se aseguraron más de 2 mil 500 tarjetas que, según la autoridad, no habían sido entregadas a beneficiarios.
La investigación de Fiscalía y la fiscalización de la ASE son rutas independientes. La primera busca establecer si existieron conductas delictivas; la segunda revisa si el gasto público fue documentado y aplicado conforme a las reglas. Por esa razón, el seguimiento público debe evitar anticipar conclusiones mientras las instancias competentes desahogan sus procesos.
Un programa relevante para el rezago educativo
Chiapas Puede fue planteado como una estrategia de alfabetización en una entidad que históricamente enfrenta uno de los mayores retos del país en esa materia. Su alcance social hace especialmente importante que los padrones, los apoyos y los materiales tengan trazabilidad verificable. La auditoría abre una etapa de revisión institucional que deberá precisar qué observaciones se aclaran, cuáles se solventan y cuáles, en su caso, derivan en acciones posteriores.
La información disponible este sábado describe hallazgos de la Cuenta Pública 2025 y procedimientos todavía en curso. El interés público está en que las autoridades transparenten las respuestas técnicas y que la atención al rezago educativo no se interrumpa para las personas que realmente requieren acompañamiento.
Fuentes: Vanguardia, con datos del Informe Individual ASE/OAC/024/2026 de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas; Fiscalía General del Estado de Chiapas.
