Un juez de control vinculó a proceso a seis personas por su presunta participación en el robo de alrededor de 500 mil pesos destinados al pago de la nómina del Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, y ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada en el Distrito Judicial de Tapachula. El expediente se sigue por el delito de robo con violencia agravado y tendrá un plazo de un mes para la investigación complementaria, periodo en el que deberán precisarse las conductas atribuidas a cada imputado.
El dinero fue retirado para cubrir la quincena
Los hechos investigados ocurrieron el 30 de junio. Un trabajador municipal acudió a una sucursal bancaria del centro de Cacahoatán y retiró el efectivo con el que se pagaría la quincena del personal del ayuntamiento. El monto, cercano a medio millón de pesos, fue colocado en un maletín negro.
Después del retiro, el empleado se trasladó con los recursos hacia la zona del Parque Central, en las inmediaciones del palacio municipal. En ese trayecto, los presuntos responsables lo habrían esperado y despojado del dinero. La acusación permanece sujeta al proceso judicial y la vinculación no constituye una sentencia de culpabilidad.
Operativo derivó en seis detenciones
Tras el reporte del robo, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que concluyó con la detención de seis personas. Los señalados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y posteriormente presentados ante el juez para que se revisaran los datos reunidos por la Fiscalía General del Estado.
El juzgador consideró que existían elementos suficientes para abrir un proceso penal y mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La investigación deberá individualizar la posible intervención de cada persona, además de reconstruir cómo se habría organizado el robo y qué ocurrió después con el efectivo.
Destino de los recursos sigue sin aclararse
Hasta este jueves no se había precisado si el dinero fue recuperado. Tampoco se ha informado públicamente cuál habría sido su destino después del asalto, una de las líneas centrales de la investigación porque los recursos estaban reservados para cubrir salarios de trabajadores municipales.
El caso tiene una consecuencia administrativa adicional: el efectivo pertenecía a una obligación inmediata del Ayuntamiento de Cacahoatán. Por ello, el esclarecimiento no solo deberá determinar responsabilidades penales, sino documentar el recorrido del dinero desde su salida de la sucursal bancaria y establecer si una parte o la totalidad puede ser reintegrada.
Un mes para completar las indagatorias
El plazo fijado por el juez permitirá a la Fiscalía ampliar entrevistas, revisar registros y reunir otros datos de prueba. La defensa de los seis imputados también podrá aportar elementos y controvertir la acusación durante esta fase, antes de que el procedimiento avance a una etapa posterior.
Los seis acusados seguirán privados de la libertad durante la investigación complementaria. La autoridad ministerial mantiene abierto el expediente y deberá presentar información que sostenga la imputación individual, mientras el juez conserva el control sobre las medidas cautelares y los plazos.
La siguiente definición judicial dependerá de los elementos incorporados al caso durante ese mes. Por ahora, la resolución confirma que el proceso continúa y que el destino de los aproximadamente 500 mil pesos permanece entre los puntos pendientes de esclarecimiento.
Fuentes: Fiscalía General del Estado de Chiapas, El Horizonte, ContraRéplica, La Jornada.
