Representantes de 28 universidades públicas y privadas formalizaron este viernes en Monterrey el Consejo Nacional de Seguridad Universitaria y Escolar (CNSUE), una asociación civil que busca profesionalizar la prevención, la protección y la respuesta ante riesgos dentro de los planteles del país.
La constitución del organismo se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), durante un encuentro de dos días dedicado a los desafíos de seguridad que enfrentarán las instituciones educativas rumbo al proceso electoral de 2027. La nueva agrupación reúne a casas de estudio con perfiles y tamaños distintos, entre ellas la UNAM, la UANL, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y la Universidad Iberoamericana.
Una red con alcance en millones de estudiantes
De acuerdo con la información difundida por la UANL, las instituciones participantes representan en conjunto a una comunidad estimada de entre 1.5 y 2 millones de estudiantes. Esa escala convierte al consejo en un espacio nacional para compartir protocolos, experiencias y criterios frente a problemas que van desde la prevención del delito hasta la atención de emergencias y la protección cotidiana de alumnos, docentes y personal administrativo.
La presidencia del organismo quedó a cargo de David Iván Gómez Velázquez. Entre sus primeras tareas estará articular a los equipos responsables de seguridad en universidades públicas y privadas, así como construir una agenda común. El objetivo central es pasar de respuestas aisladas a una coordinación permanente, con capacidades comparables y canales de comunicación que funcionen más allá de cada campus.
Capacitación y diagnósticos para tomar decisiones
El CNSUE proyecta desarrollar programas de capacitación, establecer capítulos regionales y elaborar un diagnóstico nacional sobre las condiciones de seguridad en las instituciones de educación superior. La intención es identificar diferencias entre regiones, reconocer prácticas que puedan replicarse y detectar áreas donde las universidades requieren recursos, formación o acompañamiento especializado.
También se prevé que la organización emita recomendaciones como cuerpo colegiado de especialistas. Estas orientaciones no sustituirán las atribuciones de las autoridades universitarias ni de las dependencias públicas, pero pueden aportar criterios técnicos para actualizar protocolos, evaluar riesgos y diseñar medidas preventivas. La propuesta coloca el intercambio de información como una herramienta para anticipar incidentes y mejorar la reacción cuando se presente una situación crítica.
Los campus ante el proceso electoral de 2027
La reunión constitutiva incluyó el tema “Retos para la seguridad universitaria ante las elecciones 2027”. El debate se concentró en las responsabilidades y límites de los equipos internos cuando un plantel funciona como sede de votación, una circunstancia que exige garantizar el acceso ciudadano y, al mismo tiempo, conservar el orden y la integridad de la comunidad educativa.
Los participantes plantearon la necesidad de establecer mecanismos de colaboración con las autoridades electorales sin interferir en sus funciones. Esto supone definir con anticipación rutas de acceso, responsabilidades operativas, protocolos de emergencia y vías de comunicación. La coordinación previa será clave para evitar improvisaciones en instalaciones que, durante una jornada electoral, reciben a personas ajenas a su actividad habitual.
Un modelo de cooperación entre instituciones
La creación del consejo abre una vía para que universidades con realidades diferentes trabajen sobre estándares compartidos. Un campus urbano de gran tamaño enfrenta condiciones distintas a las de una institución regional o un plantel con matrícula más reducida, pero todas necesitan procedimientos claros para proteger a su comunidad y responder ante contingencias.
El reto inmediato será convertir el acuerdo formal en acciones medibles: completar el diagnóstico nacional, activar los capítulos regionales, sostener la capacitación y definir recomendaciones que puedan aplicarse en contextos diversos. La participación de instituciones públicas y privadas ofrece una base amplia, mientras que la representación de millones de estudiantes eleva la responsabilidad de que los acuerdos produzcan mejoras verificables en los espacios educativos.
Fuentes: Vida Universitaria UANL.
