La controversia por las reglas de paridad que se aplicarán en las elecciones municipales de 2027 trasladó este viernes su centro político de Tuxtla Gutiérrez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el Partido Acción Nacional promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada en Chiapas.
El recurso quedó registrado bajo el expediente 131/2026 y cuestiona el mecanismo diseñado para reservar candidaturas encabezadas por mujeres en una parte de los ayuntamientos. La reforma fue aprobada por el Congreso estatal a mediados de septiembre y cuenta con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien anunció que la administración estatal defenderá la norma por la vía jurídica.
La Corte admite la controversia electoral
La admisión del expediente abre una revisión constitucional sobre el procedimiento elegido por el Poder Legislativo chiapaneco. La discusión no se limita a la obligación general de postular mujeres, sino que se concentra en la forma de distribuir las candidaturas entre municipios antes de la elección. La resolución tendrá efectos directos en la integración de las planillas que competirán en 2027 y en las decisiones internas de los partidos.
Acción Nacional sostiene que su impugnación se dirige contra el método incorporado a la ley. El gobierno estatal, en cambio, considera que la reforma busca convertir la paridad formal en posibilidades efectivas de acceso a las presidencias municipales. Ambas posiciones colocan a Tuxtla Gutiérrez, sede de los poderes locales y de las dirigencias partidistas, como punto principal de la confrontación política.
El reparto de municipios para las candidaturas
El Congreso de Chiapas realizó el 27 de septiembre un proceso de insaculación para definir el género asignado a las planillas municipales. De acuerdo con los datos difundidos, 62 de los 125 ayuntamientos quedaron reservados para candidaturas encabezadas por mujeres, mientras 61 fueron definidos sin esa restricción específica.
Oxchuc quedó fuera de ese esquema porque su elección se rige mediante un sistema comunitario y un plebiscito indígena. La distribución pretende impedir que las candidatas sean concentradas en municipios con menor población o con escasas posibilidades de triunfo, una práctica señalada durante la defensa pública de la reforma.
Gobierno y PAN fijan posiciones desde Tuxtla
Ramírez Aguilar afirmó que acompañará a la Consejería Jurídica estatal en la defensa del decreto ante las ministras y los ministros de la Corte. También sostuvo que los bloques tradicionales de competitividad no han garantizado por sí solos el acceso de las mujeres a los cargos municipales y planteó que la nueva regla debe evaluarse por sus resultados posibles.
El PAN chiapaneco informó este viernes sobre la acción presentada y defendió su derecho a pedir la revisión del procedimiento. La impugnación ocurre cuando los partidos ya organizan sus estructuras rumbo al siguiente proceso local, por lo que el calendario electoral continuará mientras el máximo tribunal analiza la validez de las disposiciones cuestionadas.
El proceso de 2027 sigue en preparación
La presentación del recurso no detiene automáticamente los preparativos electorales. Las autoridades locales mantienen como referencia la asignación aprobada, salvo que la Corte dicte una medida o sentencia que modifique sus efectos. El punto central será determinar si el mecanismo respeta las facultades partidistas y, al mismo tiempo, garantiza una paridad efectiva en la competencia municipal.
La controversia también anticipa una discusión pública sobre la representación política de las mujeres en Chiapas. El gobierno estatal incluso dejó abierta la posibilidad de acompañar la defensa jurídica con movilizaciones en la Ciudad de México. Por ahora, el expediente 131/2026 concentra la disputa institucional y será la vía para establecer si la reforma puede aplicarse en sus términos actuales durante la preparación de los comicios de 2027.
Fuentes: Almomento.
