Representantes de taxis y rutas organizadas de Tuxtla Gutiérrez solicitaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte resolver la revisión de la tarifa del servicio público, fijada actualmente en 11 pesos, y reforzar los operativos contra vehículos que trabajan de manera irregular.
La petición fue planteada este martes por transportistas de la capital chiapaneca, quienes señalaron que el ajuste más reciente entró en vigor el 24 de diciembre pasado y fue de un peso. El grupo sostuvo que el decreto publicado entonces en el Periódico Oficial contemplaba una nueva revisión seis meses después, pero ese plazo concluyó sin que los concesionarios conozcan el resultado del análisis.
Los representantes vincularon su solicitud con los gastos de mantenimiento y renovación de las unidades. También afirmaron que el sector no recibe subsidios oficiales y señalaron que la tarifa aplicada en Chiapas se encuentra entre las más bajas del país. Su planteamiento ante la autoridad incluye tanto la definición del precio del pasaje como la aplicación de las reglas vigentes a todas las modalidades que trasladan pasajeros en la ciudad.
La tarifa quedó en 11 pesos desde diciembre
El aumento autorizado el 24 de diciembre llevó el cobro a 11 pesos por viaje. De acuerdo con los transportistas, la modificación fue acompañada por el compromiso de revisar la tarifa al cumplirse seis meses. Ese periodo abarcó la primera mitad de 2026 y, al llegar septiembre, los representantes dijeron no haber recibido una comunicación sobre el resultado.
La solicitud no se limita a pedir un nuevo incremento. Los concesionarios reclamaron una resolución formal de la revisión prevista en el decreto, de modo que el sector conozca la determinación de la Secretaría de Movilidad y Transporte. En su exposición, insistieron en que el monto actual debe analizarse junto con los costos que implica conservar los vehículos en operación y sustituir las unidades que requieren renovación.
Siete vehículos fueron apercibidos en seis semanas
Otro punto de la inconformidad fue la circulación de colectivos y mototaxis con placas particulares. Los representantes indicaron que la dependencia les informó sobre siete vehículos detectados y apercibidos entre el 9 de junio y el 21 de julio. A juicio de los inconformes, esa actuación fue insuficiente frente al número de unidades que señalan en las calles de Tuxtla Gutiérrez.
El reclamo dirigido a la autoridad fue aplicar las sanciones establecidas en la legislación, además de mantener los operativos de inspección. Los transportistas distinguieron entre el apercibimiento y la sanción al pedir que la vigilancia no concluya con una advertencia cuando se compruebe la prestación irregular del servicio.
La utilización de placas particulares fue mencionada específicamente porque los vehículos señalados realizan traslados que los concesionarios identifican como transporte público. La petición coloca el cumplimiento de las condiciones de operación en el centro de la disputa: quienes cuentan con una concesión reclaman que la misma regulación sea exigida a las unidades que compiten por pasajeros.
Plataformas digitales y bases en puntos de alta demanda
Los automóviles vinculados con plataformas digitales también formaron parte de la solicitud. Los representantes pidieron impedir que establezcan bases en plazas comerciales, universidades, mercados y zonas de centros nocturnos. Esos puntos concentran usuarios en distintos horarios y fueron señalados como lugares donde los vehículos esperan viajes de manera organizada.
Asimismo, los transportistas solicitaron frenar la oferta directa de traslados mediante Facebook y WhatsApp. El planteamiento separa esa práctica del viaje solicitado dentro de una aplicación y la presenta como otra modalidad que, a decir del sector organizado, debe ser revisada por la Secretaría de Movilidad y Transporte.
La discusión reúne tres asuntos concretos: el resultado pendiente de la revisión tarifaria, los operativos contra unidades con placas particulares y las condiciones bajo las que trabajan los vehículos de plataforma. Los representantes de taxis y rutas entregaron esas demandas a la autoridad estatal y mantuvieron como referencia el decreto de diciembre y el plazo semestral que, afirmaron, ya venció.
La dependencia había comunicado la detección y el apercibimiento de siete vehículos durante el periodo comprendido entre el 9 de junio y el 21 de julio. Los concesionarios respondieron con la solicitud de sanciones y con el reclamo de una decisión sobre los 11 pesos que actualmente paga cada usuario del transporte público en Tuxtla Gutiérrez.
Fuentes: El Heraldo de México
