La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que exigirá contar únicamente con la nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir del proceso electoral de 2028.
La modificación será publicada en el Diario Oficial de la Federación después de completar el procedimiento legislativo. La Consejería Jurídica de la Presidencia informó que el proyecto obtuvo la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y el respaldo de 22 legislaturas estatales.
Tres artículos constitucionales modificados
La reforma cambia los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Esos apartados regulan requisitos relacionados con la Presidencia, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno capitalina, por lo que la nueva redacción incorpora la nacionalidad única como condición para solicitar el registro de una candidatura a esos cargos.
La disposición no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana. Su alcance se limita a las personas que pretendan competir por las posiciones ejecutivas incluidas en el decreto. Tampoco modifica, bajo la información difundida este miércoles, los requisitos aplicables a diputaciones o senadurías.
Renuncia previa a la nacionalidad extranjera
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que una persona con doble nacionalidad podrá renunciar a la ciudadanía extranjera antes de acudir a solicitar su registro electoral. La acreditación de ese paso será necesaria para cumplir con la nueva exigencia constitucional.
El procedimiento todavía deberá detallarse en disposiciones reglamentarias. Alcalde indicó que la renuncia no dependerá solamente de autoridades mexicanas, pues también tendrán que intervenir las instituciones del país cuya nacionalidad posea la persona interesada. Las reglas posteriores deberán precisar los documentos, plazos y autoridades competentes para comprobar el trámite.
Aplicación a partir del proceso de 2028
El régimen transitorio establece que la reforma comenzará a aplicarse en el proceso electoral de 2028. Por esa razón, no tendrá efecto sobre los comicios previstos para 2027. La entrada en vigor diferida permitirá elaborar las normas secundarias y definir cómo se verificará el requisito durante el registro de candidaturas.
Sheinbaum defendió la modificación como una medida para evitar injerencias extranjeras y afirmó que quienes ocupen la Presidencia o un gobierno estatal no podrán mantener otra nacionalidad. La publicación en el Diario Oficial cierra la fase de aprobación constitucional y abre la etapa de preparación normativa.
Un cambio aprobado entre críticas
Durante la discusión legislativa, voces opositoras señalaron que la reforma puede restringir derechos políticos de mexicanos que residen en el extranjero y cuentan con una segunda ciudadanía. El Partido Acción Nacional sostuvo que el criterio afecta a una población amplia y cuestionó que no se extienda a integrantes del Congreso.
Quienes respaldaron la reforma argumentaron que la precisión elimina un vacío y refuerza las condiciones de lealtad institucional para los máximos cargos ejecutivos. La exigencia no impedirá competir de manera definitiva a quienes tengan dos nacionalidades, siempre que renuncien a la extranjera antes de registrarse y acrediten el procedimiento conforme a las reglas que se emitan.
Con la firma presidencial, el debate pasa ahora a la implementación. Las autoridades deberán establecer un mecanismo verificable para confirmar la nacionalidad única sin generar incertidumbre en los procesos de registro. La reforma ya define a quiénes alcanzará y desde cuándo se aplicará; la regulación pendiente deberá resolver cómo se demostrará su cumplimiento ante la autoridad electoral.
Fuentes: El Economista, Aristegui Noticias.
