La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno federal mediante la publicación periódica de contratos, mayor información sobre filiales de Pemex y CFE y reglas más estrictas para reservar documentos.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este martes 4 de agosto. La Consejería Jurídica explicó que las disposiciones buscan ampliar el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos y establecer mecanismos de revisión dentro de las dependencias y empresas del Estado.
Contratos deberán difundirse cada mes
Entre las medidas anunciadas se encuentra la publicación mensual de contratos gubernamentales. El objetivo es que la sociedad pueda conocer con mayor regularidad qué bienes y servicios se adquieren, qué empresas participan y cuál es el monto comprometido.
La actualización periódica pretende reducir espacios de opacidad y facilitar el seguimiento de las compras públicas. Para que el mecanismo sea efectivo, la información deberá presentarse de forma accesible, completa y con datos que permitan comparar dependencias, proveedores y periodos.
Pemex y CFE tendrán nuevas obligaciones informativas
El decreto también contempla ampliar la información disponible sobre filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Estas estructuras realizan operaciones relevantes para los sectores energético y financiero, por lo que su nivel de transparencia ha sido un tema recurrente en el debate público.
El Gobierno federal indicó que habrá auditorías y criterios más estrictos para determinar cuándo un documento puede clasificarse como reservado. La reserva de información deberá justificarse con mayor precisión y no utilizarse como una respuesta automática ante solicitudes ciudadanas.
Preparan cambios a la Ley General de Transparencia
Sheinbaum informó que el Ejecutivo enviará una iniciativa para incorporar las nuevas disposiciones a la Ley General de Transparencia. El proceso legislativo permitirá discutir su alcance, las obligaciones de cada institución y los mecanismos de cumplimiento.
La reforma será especialmente observada después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En el nuevo modelo, distintas autoridades asumieron funciones que antes se concentraban en el organismo autónomo, lo que mantiene abierta la discusión sobre independencia, vigilancia y recursos de revisión.
El reto será convertir el decreto en información útil
Especialistas y organizaciones civiles suelen advertir que publicar grandes cantidades de archivos no garantiza por sí solo una rendición de cuentas efectiva. Los datos necesitan formatos abiertos, buscadores funcionales, fechas de actualización y criterios homogéneos para que ciudadanos, periodistas y órganos fiscalizadores puedan analizarlos.
El decreto abre una nueva etapa para la política federal de transparencia. Su impacto dependerá de la implementación, del seguimiento a las auditorías y de la iniciativa que llegue al Congreso. La prueba central será que la información permita detectar irregularidades y exigir correcciones, no únicamente cumplir una formalidad administrativa.
Fuentes: Presidencia de la República, conferencia matutina y El Informador.
