Rusia acusó formalmente a Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, de apoyar el terrorismo y lo incorporó a una lista de búsqueda internacional.
La agencia AP reportó que el Servicio Federal de Seguridad ruso, conocido como FSB, atribuyó a Telegram la permanencia de contenidos y herramientas usadas presuntamente por inteligencia ucraniana y grupos extremistas para reclutar personas dentro de Rusia.
La acusación marca un nuevo episodio en la larga tensión entre el Kremlin y una plataforma que se ha convertido en canal central de comunicación política, militar y social en Rusia, Ucrania y otras regiones afectadas por conflictos.
El FSB señala el uso de bots y chats en Telegram
Según el reporte, el FSB afirmó que servicios ucranianos usaron un chatbot de citas en Telegram para atraer y reclutar ciudadanos rusos en actividades de sabotaje y ataques. La agencia dijo que 46 usuarios, de entre 12 y 22 años, fueron detenidos durante el último año por agresiones, incendios y otros hechos.
Las autoridades rusas sostienen que Telegram no retiró canales, chats y bots señalados por uso ilícito. Durov, de 41 años, fue agregado a listas de búsqueda, aunque no se encuentra en Rusia.
Telegram vuelve al centro del control digital ruso
El caso se inscribe en una política más amplia del Kremlin para controlar internet y servicios de mensajería. Telegram ha resistido en distintos momentos solicitudes de acceso, censura o colaboración directa, lo que lo convirtió en una plataforma incómoda para Moscú.
Al mismo tiempo, el servicio es utilizado por autoridades, militares, periodistas, opositores y ciudadanos comunes, lo que hace difícil separar su valor como herramienta de comunicación de los riesgos asociados a su uso por actores violentos.
Durov acumula presión judicial fuera de Rusia
La acusación rusa se suma a problemas legales previos en Europa. Durov ya enfrentó procedimientos en Francia por el manejo de contenidos ilícitos en Telegram, un debate que involucra moderación, cifrado, libertad de expresión y responsabilidad de plataformas.
Para defensores de derechos digitales, el riesgo central es que gobiernos autoritarios usen acusaciones de seguridad nacional para presionar a servicios que no controlan directamente. Para las autoridades, el argumento es que ninguna plataforma debe ser zona sin ley.
El caso tendrá impacto más allá de Rusia
La ofensiva contra Durov puede afectar la operación de Telegram, sus decisiones de moderación y la forma en que otros gobiernos exijan colaboración. También puede alimentar nuevas discusiones sobre cifrado, vigilancia y soberanía digital.
El cierre inmediato es que la disputa ya no es solo tecnológica. Se trata de una batalla política por quién controla los canales donde millones de personas reciben información, coordinan actividades y documentan guerras en tiempo real.
Fuentes: AP y Al Jazeera.
