Este martes, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, esto con el propósito de incluir las observaciones vertidas en el Parlamento Abierto convocado para este fin.
En abril pasado, a punto de que terminara el periodo ordinario de sesiones anterior, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de reforma al artículo 123 de la Constitución para aumentar de uno a dos días los descansos laborales a la semana. La iniciativa fue propuesta por la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena).
Como marca el proceso legislativo, una vez aprobado el dictamen éste es enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Aunque es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que acuerda los temas que pasarán al pleno para ser votados.
Sin embargo, cuando el nuevo periodo de sesiones comenzó, la presidencia de la Jucopo pasó de Morena al Partido Acción Nacional (PAN). El partido que propuso la iniciativa aceptó convocar a un Parlamento Abierto para escuchar diferentes voces antes de mandar el dictamen al pleno, el cual se llevó a cabo entre octubre y noviembre.
Este martes, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), presidenta de la Mesa directiva de la Cámara Baja, remitió el dictamen de regreso a la Comisión de Puntos Constitucionales “para que se incluyan las consideraciones y conclusiones vertidas en los foros del Parlamento Abierto en materia de jornadas y descanso laboral, afín de fortalecer su régimen de argumentación legislativa”.
La Comisión de Puntos Constitucionales tiene prevista una reunión ordinaria para el jueves de esta semana. De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, entre los asuntos que analizará está un dictamen en sentido positivo para reformar el artículo 123 de la Constitución, pero en materia de seguridad social.
Las consideraciones a las que se refiere la diputada Marcela Guerra son varias, pero la principal es que los sectores empresariales puedan cumplir con la ampliación de los descansos de manera escalonada y paulatina.
Otra de las demandas de los representantes empresariales, que defenderá el PAN y el partido Movimiento Ciudadano, es un estudio sobre el impacto económico que tendrá la modificación.
La iniciativa privada insiste en que esta reforma provocará el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), también advierte que muchas compañías dejarán de pagar sus cuotas a la seguridad social para hacer frente a lo que describen como un gran costo laboral.
Con información de: El Economista
