Las escuelas de México comenzaron este martes 3 de noviembre a aplicar nuevas reglas de la Secretaría de Educación Pública para el uso de celulares y otros dispositivos personales durante la jornada escolar, con restricciones más amplias en educación básica y criterios distintos para bachilleratos y universidades.
El acuerdo difundido por la SEP abarca planteles públicos y particulares del Sistema Educativo Nacional. La medida no impide que los estudiantes lleven un teléfono al plantel, pero sí limita cuándo pueden utilizarlo. También prevé excepciones por razones educativas, de salud, accesibilidad y emergencia.
En primaria y secundaria deberán guardarse durante la jornada
Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la regla general es que los aparatos permanezcan guardados mientras los alumnos están en la escuela. La restricción comprende tanto las clases como los periodos de descanso. Su aplicación alcanza a celulares y otros dispositivos electrónicos personales, no solamente a los teléfonos más comunes.
Llevar un dispositivo no equivale a tener permiso para usarlo libremente. Esa distinción es central para las familias y los planteles al inicio de la nueva etapa. La disposición busca reducir distracciones en el aula y favorecer la convivencia presencial, de acuerdo con el planteamiento de la autoridad educativa. Las escuelas deberán adaptar el control cotidiano a sus espacios y procedimientos.
Las excepciones incluyen enseñanza, salud y accesibilidad
El acuerdo permite utilizar dispositivos cuando la actividad pedagógica esté programada y se realice bajo la orientación de docentes. También contempla emergencias personales, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, además de situaciones extraordinarias de cada comunidad escolar. Por ello, la regla general de resguardo no debe leerse como una prohibición absoluta en cualquier circunstancia.
Las excepciones requieren que las escuelas distingan un uso recreativo o ajeno a la jornada de uno necesario para aprender, comunicarse en una emergencia o atender una condición individual. La formulación oficial deja espacio a las necesidades concretas de estudiantes y comunidades educativas, dentro de un marco común para el país.
Bachilleratos y universidades tendrán criterios diferentes
En educación media superior, cada institución deberá definir las condiciones de uso mediante acuerdos con su comunidad educativa. Entre las posibilidades figuran el resguardo de teléfonos durante clases, horarios o espacios autorizados y restricciones más amplias durante la jornada. No se establece una regla idéntica para todos los bachilleratos.
En las universidades tampoco hay una prohibición general. Las instituciones deben fomentar un uso responsable y seguro de la tecnología, respetando su autonomía y los acuerdos internos. La diferencia entre niveles responde a que las dinámicas de enseñanza y la edad de los alumnos no son las mismas en una primaria que en una institución de educación superior.
Las autoridades estatales tienen 180 días para ajustar normas
El despliegue del acuerdo incluye un plazo de 180 días naturales para que las autoridades educativas de los estados emitan o armonicen sus disposiciones. Ese periodo permitirá adecuar los lineamientos a las condiciones locales y definir procedimientos de aplicación. La entrada en vigor nacional, sin embargo, ocurrió este 3 de noviembre.
La organización México Evalúa planteó que el cambio vaya acompañado de infraestructura tecnológica, alfabetización digital y mecanismos claros para comunicarse con las familias cuando ocurra una emergencia. También propuso indicadores para medir la aplicación de las reglas y sus efectos en aprendizaje y convivencia. Esas propuestas son recomendaciones de la organización, separadas de las obligaciones fijadas por el acuerdo de la SEP.
Fuentes: Secretaría de Educación Pública, El Economista, Expansión Política.
