La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este 8 de octubre una reforma constitucional que exigirá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir del proceso electoral de 2028.
El decreto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece una condición uniforme para los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad en el país. La medida no elimina la doble nacionalidad para la población en general: su alcance se concentra en quienes busquen registrarse como candidatos a esos puestos.
La exigencia comenzará con las candidaturas de 2028
La entrada en vigor electoral quedó prevista para 2028, por lo que la nueva regla no se aplicará a las elecciones de 2027. Ese calendario ofrece un periodo para que el Congreso emita las normas secundarias y para que las autoridades electorales definan los documentos y procedimientos con los que se acreditará el cumplimiento.
Quienes posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro. La condición tendrá que estar satisfecha en el momento formal de la candidatura, de acuerdo con las disposiciones que se desarrollen en la legislación reglamentaria.
La reforma también impide que quienes ejerzan esos cargos adquieran o soliciten otra nacionalidad mientras permanezcan en funciones. Con ello, el nuevo marco abarca tanto el acceso al puesto como el periodo completo de la responsabilidad pública.
El decreto modifica tres artículos constitucionales
El artículo 82 fija los requisitos para ocupar la Presidencia de la República; el 116 regula elementos de la organización de los estados, incluidas las condiciones para sus gubernaturas, y el 122 contiene las bases constitucionales de la Ciudad de México. La modificación conjunta extiende el mismo criterio de nacionalidad a los tres niveles de titularidad ejecutiva.
Antes de la promulgación, el proyecto recorrió el procedimiento de reforma constitucional y recibió el respaldo de 22 congresos estatales, además del Congreso de la Ciudad de México. Con esa declaratoria, el Poder Ejecutivo quedó en condiciones de firmar y ordenar la publicación del decreto.
La publicación oficial cierra la etapa constitucional, pero no la reglamentaria. Las leyes secundarias deberán precisar plazos, autoridades competentes, medios de prueba y consecuencias en caso de incumplimiento o de información incompleta durante el registro.
La doble nacionalidad se conserva para la ciudadanía
El cambio no modifica el derecho de las personas mexicanas a conservar otra nacionalidad ni altera, de manera general, sus derechos civiles o políticos. Su efecto se limita a las candidaturas para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina, cargos para los que el Constituyente estableció ahora un requisito adicional.
Esa distinción será central en la aplicación de la norma. Una persona con doble nacionalidad podrá seguir participando en la vida pública y ejerciendo los derechos que le correspondan, pero si pretende contender por alguno de los tres cargos señalados tendrá que cumplir previamente con la renuncia exigida.
El objetivo declarado es reforzar la certeza sobre el vínculo jurídico de quienes encabecen los poderes ejecutivos. La discusión posterior se trasladará al diseño de un proceso verificable que evite interpretaciones distintas entre autoridades y garantice reglas conocidas con suficiente anticipación.
Las reglas secundarias definirán cómo acreditar la renuncia
Entre los asuntos pendientes está la forma de comprobar que la renuncia a una segunda nacionalidad produjo efectos válidos ante el país correspondiente. Cada Estado aplica procedimientos propios, por lo que la legislación mexicana deberá establecer qué constancias serán aceptadas y en qué momento deberán presentarse.
También será necesario coordinar el trabajo entre las autoridades electorales, las dependencias federales encargadas de los asuntos de nacionalidad y los partidos que postulen candidaturas. La claridad documental será decisiva para prevenir impugnaciones durante el proceso de registro de 2028.
Con la promulgación, el país incorpora desde ahora una regla que influirá en la selección de aspirantes y en los procesos internos de los partidos. El plazo hasta 2028 permitirá ajustar convocatorias, revisar perfiles y construir el mecanismo de verificación antes de que la exigencia se aplique por primera vez.
Fuentes: MAGMA Noticias, Página/12.
