Integrantes de pueblos choles, mam, tsotsiles, tojolabales y tzeltales marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas para exigir el esclarecimiento integral del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido hace dos años en esa ciudad.
Los contingentes salieron de tres puntos, incluido el barrio de Cuxtitali, y avanzaron hacia la zona de la Catedral. Participaron familiares del sacerdote, víctimas de desplazamiento forzado, integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis y organizaciones civiles, quienes reclamaron que la investigación alcance a quienes ordenaron el crimen.
Tres columnas confluyeron en el centro
La movilización recorrió las calles con palmas, estandartes, pancartas y banderas blancas. Representantes de siete regiones de Chiapas se sumaron a la jornada, que concluyó con un pronunciamiento público, una ceremonia maya y una misa encabezada por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.
En la plaza se instaló un altar con flores, mazorcas, frutas, pan y velas alrededor de una imagen de Marcelo Pérez. Los mensajes de los participantes combinaron la exigencia de justicia con llamados a detener los desplazamientos, las desapariciones y las agresiones contra defensores de derechos humanos y servidores religiosos.
El caso mantiene abiertas líneas de investigación
Marcelo Pérez, sacerdote tsotsil originario de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 después de oficiar misa en el barrio de Cuxtitali. Antes había trabajado como párroco en Simojovel y participado en procesos de mediación comunitaria y movilizaciones contra la violencia, la venta de alcohol y las drogas.
El expediente registra una sentencia de 20 años contra Edgar Rolando Mares Banda, identificado como uno de los autores materiales. Otro acusado, Héctor “N”, enfrenta la causa penal 73/2024, que se encuentra en etapa intermedia. Los participantes sostuvieron que todavía no han sido identificados los autores intelectuales y pidieron a la Fiscalía General de la República mantener activas las indagatorias.
José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, explicó que el avance de los procesos penales no equivale al esclarecimiento completo. La organización acompaña jurídicamente el caso junto con la familia y la Diócesis de San Cristóbal.
Comunidades enumeran riesgos persistentes
El pronunciamiento del Pueblo Creyente señaló que diversas comunidades continúan enfrentando amenazas, desplazamiento forzado y presencia de grupos delictivos. También alertó sobre jóvenes captados para labores de vigilancia y venta de drogas, así como sobre desapariciones, feminicidios y extorsiones. Estas afirmaciones fueron presentadas como denuncias de las comunidades y no como cifras oficiales.
Los participantes solicitaron garantías de reparación y no repetición. También recordaron a víctimas de otros hechos violentos en Chiapas, entre ellos la masacre de Acteal, el asesinato del catequista Simón Pedro Pérez López y la muerte de 11 personas en el ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo.
La exigencia se dirige a los tres niveles de gobierno
La petición central fue que la investigación avance hacia todas las responsabilidades, además de garantizar condiciones de seguridad para comunidades y defensores. El documento leído junto a la Catedral fue dirigido a autoridades federales, estatales y municipales.
La marcha cerró con consignas por la paz y la justicia, mientras representantes comunitarios reiteraron que el asesinato debe analizarse dentro del entorno de amenazas que el sacerdote había denunciado por su labor. La próxima diligencia del segundo proceso penal está prevista para el 17 de noviembre en Cintalapa.
Fuentes: Aristegui Noticias, Agencia EFE.
