Cientos de integrantes de pueblos indígenas, familiares, personas desplazadas y organizaciones civiles marcharon en San Cristóbal de Las Casas para exigir el esclarecimiento integral del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024.
La movilización se realizó al cumplirse dos años del crimen contra quien desarrolló tareas de mediación comunitaria y defensa de derechos humanos. Los participantes señalaron que, pese a la sentencia impuesta a uno de los responsables materiales, continúa pendiente la identificación y sanción de los autores intelectuales.
Cinco pueblos indígenas se sumaron a la exigencia
En la marcha participaron integrantes de los pueblos choles, mam, tsotsiles, tojolabales y tzeltales. También acudieron familiares de Pérez Pérez, víctimas de desplazamiento forzado y representantes de organizaciones sociales y religiosas que acompañaron su trabajo en distintas comunidades de Chiapas.
Los contingentes salieron desde tres puntos de San Cristóbal de Las Casas, entre ellos el barrio de Cuxtitali, donde el sacerdote fue atacado. Con pancartas, palmas y banderas blancas y amarillas avanzaron hacia la Plaza de la Resistencia, donde concluyeron con una ceremonia religiosa ante un altar preparado con flores y productos de la tierra.
Juan López, integrante de Pueblo Creyente, pidió que la Fiscalía mantenga abiertas las investigaciones hasta esclarecer el caso y localizar a quienes ordenaron el homicidio. La demanda central fue que el proceso no termine con la condena de un solo participante y que abarque la cadena completa de responsabilidades.
Una sentencia material y una investigación inconclusa
Marcelo Pérez fue asesinado a tiros después de oficiar una misa en San Cristóbal de Las Casas. Durante años había intervenido en conflictos comunitarios y acompañado demandas de pueblos originarios, desplazados y víctimas de violencia. Su trabajo público lo convirtió en una figura conocida dentro y fuera de la región de Los Altos.
Edgar Rolando Mares Banda, identificado como uno de los autores materiales, recibió una sentencia de 20 años de prisión. Sin embargo, la diócesis señaló que el proceso judicial aún se encuentra en etapa intermedia respecto de otros elementos del caso. La movilización insistió en que el esclarecimiento permanece incompleto mientras no se determine quién planeó y ordenó el ataque.
José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, sostuvo que la justicia debe alcanzar a todos los responsables. La exigencia también incluyó reparación para las víctimas y garantías de no repetición, dos componentes que las organizaciones consideran indispensables ante la permanencia de la violencia.
Comunidades denuncian amenazas y desplazamientos
Los participantes vincularon el caso con un contexto más amplio de inseguridad en municipios chiapanecos. Margarita Ruiz, integrante del pueblo tsotsil, afirmó que persisten amenazas, detonaciones de armas de fuego y condiciones que obligan a familias a abandonar sus comunidades.
Organizaciones civiles alertaron además sobre el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales para tareas de vigilancia y venta de drogas. En la concentración también se mencionaron desapariciones, feminicidios y extorsiones, así como la necesidad de investigar agresiones que afectan de manera particular a comunidades rurales e indígenas.
La marcha incorporó reclamos por otros episodios de violencia ocurridos en Chiapas, entre ellos los casos de Acteal y Nueva Morelia. Los asistentes colocaron esas demandas dentro de una misma petición de acceso a la justicia, atención a personas desplazadas y protección para quienes realizan tareas comunitarias.
La memoria de Marcelo Pérez reúne a víctimas
Las consignas en favor de Marcelo Pérez acompañaron todo el recorrido y continuaron durante el acto religioso final. La presencia de sus familiares y de habitantes de distintas regiones mostró la red de comunidades con las que trabajó como sacerdote y mediador.
A dos años del homicidio, la movilización convirtió el aniversario en una nueva demanda pública: que las autoridades determinen la responsabilidad intelectual, continúen el proceso judicial y atiendan las condiciones de inseguridad denunciadas por los pueblos participantes. La ceremonia en la Plaza de la Resistencia cerró la jornada sin dar por concluida la exigencia.
Fuentes: López-Dóriga Digital, El Heraldo de Chiapas, Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
