La presidenta Claudia Sheinbaum amplió este lunes la consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, después de que Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, solicitó más tiempo para revisar los asuntos pendientes e integrar nuevas propuestas.
El Gobierno federal tenía previsto enviar la iniciativa al Congreso de la Unión el 12 de octubre, pero suspendió ese paso durante un encuentro celebrado en Palacio Nacional por el Día de la Resistencia Indígena. La mandataria condicionó la presentación del proyecto a que los pueblos participantes consideren concluido el diálogo y hayan incorporado sus planteamientos.
La voz tojolabal modifica el calendario legislativo
Cruz Gómez entregó una propuesta para la nueva legislación y planteó que el proceso requería una revisión adicional. La respuesta presidencial convirtió la petición surgida desde Las Margaritas en una decisión con alcance nacional: la iniciativa no llegará al Congreso mientras continúe la consulta. En el encuentro participaron representantes de 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano.
Sheinbaum sostuvo que las comunidades llevarán la palabra y la decisión sobre el momento en que el documento esté listo. La ampliación busca evitar que el calendario institucional cierre la discusión antes de resolver observaciones sobre derechos colectivos, territorio, infraestructura y mecanismos de participación. El anuncio también trasladó el centro de la deliberación desde una fecha de entrega hacia la calidad del acuerdo.
El proyecto reúne 2 mil 287 aportaciones
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que la construcción del proyecto ha incluido 77 asambleas regionales y 19 mesas de trabajo. En esos espacios se recopilaron 2 mil 287 aportaciones que servirán para integrar el texto legislativo.
La nueva ley deriva de la reforma al artículo segundo constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024. Esa modificación reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estableció la obligación del Congreso de expedir una ley general que desarrolle el nuevo marco.
Entre los temas señalados para su incorporación están los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales, la propiedad comunal tradicional y la continuidad de recursos destinados directamente a las comunidades. La discusión abarca también demandas sobre agua, educación, infraestructura y apoyos para jóvenes universitarios.
Fondos y obras quedan dentro de la discusión
Regino Montes presentó un balance del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. De acuerdo con el funcionario, entre 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos en 52 mil 547 obras. Los representantes pidieron garantizar la continuidad de ese instrumento en la legislación.
El titular del instituto añadió que 22 Planes de Justicia han beneficiado a 2.6 millones de personas indígenas en 14 estados, con una inversión de 64 mil 523 millones de pesos. También reportó acciones de restitución de tierras para pueblos yaqui y wixárika, comunidades de la Sierra Tarahumara y un ejido otomí, además de una meta de 400 caminos artesanales en 2026.
Chiapas coloca una propuesta en la mesa nacional
La intervención tojolabal dio a Chiapas un papel concreto dentro de la revisión. Las Margaritas forma parte de una región donde los derechos territoriales, la representación comunitaria y el acceso a servicios públicos tienen efectos cotidianos, por lo que la solicitud de más tiempo no se limitó a una formalidad de procedimiento.
La decisión anunciada en Palacio Nacional deja abierto el calendario de la iniciativa. El siguiente paso dependerá del avance de las asambleas y mesas de trabajo, así como de la incorporación de las propuestas entregadas. Solo después de que las representaciones indígenas y afromexicanas den por terminado el diálogo, el Ejecutivo federal enviará el proyecto al Congreso para iniciar su discusión legislativa.
Fuentes: La Silla Rota, Uniradio Informa.
