Un grupo de 38 colectivas feministas, organizaciones y personas firmantes pidió al Congreso de la Unión que la iniciativa federal de ley contra feminicidios fortalezca la prevención, la protección y la reparación integral, además de las sanciones penales propuestas.
El planteamiento reconoce la oportunidad de crear una respuesta nacional frente a la violencia feminicida, pero advierte que elevar las penas no corrige por sí mismo las fallas en las investigaciones, la atención a mujeres en riesgo ni el acompañamiento a las familias de las víctimas.
La iniciativa propone penas de hasta 70 años
El proyecto presentado por el Gobierno federal contempla sanciones de entre 50 y 70 años de prisión para el delito de feminicidio. También propone clasificarlo como imprescriptible y perseguible de oficio, dos cambios que buscan impedir que el paso del tiempo cierre la posibilidad de investigar y llevar los casos ante un juez.
Las organizaciones señalaron, sin embargo, que una respuesta centrada en el aumento de las penas resulta insuficiente si no se corrigen los problemas que surgen antes, durante y después de una investigación. Entre ellos ubicaron la falta de personal especializado, la carga de trabajo en las fiscalías y la aplicación deficiente de protocolos.
Daisy Paniagua, integrante de Equis Justicia para las Mujeres en el área de prevención de violencias y discriminaciones, sostuvo que la discusión legislativa puede servir para mejorar la actuación del Estado. Su organización propuso que el análisis se organice en tres ejes: prevención, protección y reparación del daño.
Colectivas cuestionan una definición discriminatoria
Otro punto observado es la incorporación de una definición legal de “mujer” dentro del proyecto. Las firmantes consideran que esa formulación es innecesaria para acreditar el delito, ya que los códigos penales vigentes utilizan las razones de género como elemento para establecer el feminicidio.
Según el posicionamiento, esa definición podría excluir a mujeres trans y entrar en contradicción con los principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad mencionados por la propia iniciativa. La petición es que la redacción proteja sin distinciones a todas las personas expuestas a violencia feminicida.
Las organizaciones también pidieron que los protocolos homologados incluidos en la propuesta estén acompañados de capacidades reales para aplicarlos. Señalaron que una norma común pierde eficacia cuando las instituciones carecen de recursos, capacitación y personal suficiente para investigar con perspectiva de género.
Fiscalías con poca capacidad y familias que investigan
Paniagua explicó que las deficiencias no deben atribuirse únicamente a servidoras y servidores públicos de manera individual. Las fiscalías especializadas, afirmó, trabajan con estructuras precarias y acumulación de expedientes, condiciones que retrasan diligencias y afectan la calidad de las investigaciones.
En distintos casos, las familias terminan buscando pruebas, reconstruyendo recorridos y presionando para que se realicen actos que corresponden a las autoridades. Esa transferencia de responsabilidades agrava el daño y prolonga la incertidumbre de quienes acompañan a una víctima.
Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indican que sólo entre 25 y 27 por ciento de las muertes violentas de mujeres comienzan bajo una investigación por feminicidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente con perspectiva de género.
Prevenir y reparar, además de sancionar
Las firmantes subrayaron que la responsabilidad penal sigue siendo una obligación del Estado, pero distinguieron la sanción de la prevención y la reparación. Una condena, por extensa que sea, no atiende automáticamente las consecuencias económicas, familiares, psicológicas y comunitarias que deja el crimen.
Para construir garantías de no repetición, plantearon revisar qué ocurrió antes de cada caso: si existían amenazas, antecedentes de violencia, solicitudes de protección o señales de riesgo que no fueron atendidas. También pidieron mecanismos para reparar a las víctimas indirectas y asegurar que las instituciones respondan con oportunidad.
El llamado entregado al Congreso busca que la discusión legislativa no se limite al tiempo de prisión. Las organizaciones propusieron una ley capaz de articular investigación, protección inmediata, reparación integral y prevención, con recursos suficientes para que los protocolos nacionales se cumplan en fiscalías y tribunales.
Fuentes: Equis Justicia para las Mujeres, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
