El Gobierno de México construirá seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios y un modelo de operación pública enfocado en seguridad y reinserción social.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentaron el proyecto este martes durante la conferencia matutina. La ampliación responde al crecimiento de la población privada de la libertad y a la presión que enfrentan los sistemas penitenciarios estatales.
Seis entidades concentrarán la nueva infraestructura
Los complejos estarán distribuidos en seis regiones del país. Chiapas cubrirá el sureste; Veracruz reforzará la franja del Golfo; Sinaloa, Sonora y Nayarit concentrarán tres instalaciones en el noroeste y occidente; mientras que el Estado de México albergará el centro correspondiente a la zona central.
La ubicación fue planteada como una forma de apoyar a entidades con mayor demanda de espacios y fortalecer la capacidad institucional. Las seis obras sumarán 18 mil 480 lugares, una cifra que modificará la infraestructura disponible para recibir a personas bajo custodia de autoridades federales o estatales.
Seguridad tecnológica y áreas para la reinserción
García Harfuch explicó que los nuevos centros serán de alta seguridad y contarán con tecnología para inspección e inhibidores de señal. Esas herramientas estarán integradas a los mecanismos de control y vigilancia interna, junto con la custodia a cargo de corporaciones oficiales.
El diseño no se limitará a la contención. El programa incorpora áreas de educación, trabajo y salud, componentes vinculados con la reinserción social. La seguridad y la preparación para el regreso a la vida comunitaria quedaron presentadas como partes de una misma política penitenciaria.
Las áreas educativas permitirán desarrollar actividades formativas dentro de los complejos. Los espacios laborales estarán orientados a la adquisición o continuidad de habilidades, mientras que los servicios de salud deberán atender las necesidades médicas de la población interna.
El Estado conservará la operación de los penales
Sheinbaum descartó entregar la administración a empresas privadas. La operación quedará en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de las secretarías estatales, según el esquema que se defina para cada centro y los acuerdos con los gobiernos locales.
La decisión establece que la custodia, la dirección técnica, la vigilancia y los programas de reinserción permanecerán bajo responsabilidad pública. La mandataria señaló que no se retomarán los modelos privados empleados en periodos anteriores, que implicaron contratos de prestación de servicios con costos para el erario.
El Gobierno federal coordinará la construcción con las entidades seleccionadas. Esa relación será necesaria para definir terrenos, conexiones de servicios, responsabilidades operativas y el modo en que los nuevos espacios se incorporarán a la red penitenciaria existente.
Hacienda trabaja en el esquema de financiamiento
La Secretaría de Hacienda participa en la preparación financiera de las seis obras. El objetivo es asegurar recursos fiscales para los proyectos sin recurrir a esquemas que comprometan la estabilidad presupuestaria. Todavía deberán detallarse los montos, calendarios de construcción y asignaciones para cada entidad.
El anuncio fija ya tres elementos centrales: los estados donde se levantarán los centros, su capacidad conjunta y el carácter público de la operación. También establece las áreas básicas del modelo, con infraestructura tecnológica y programas de educación, trabajo y salud.
La presentación ocurrió días después de una riña en un penal de Mazatlán que dejó 12 personas muertas. El Gobierno vinculó la nueva capacidad con la necesidad de atender la sobrepoblación y reforzar el control institucional de los centros de reclusión.
Fuentes: La Crónica de Hoy, Ámbito.
