El consumo de productos pirata en México supera los 63 mil millones de pesos al año y golpea a industrias como la textil, farmacéutica, automotriz, electrónica, de alimentos, bebidas, calzado y tabaco.
La cifra fue expuesta durante el Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, donde representantes industriales y especialistas plantearon que la respuesta debe pasar de operativos aislados a una estrategia permanente de inteligencia, prevención y coordinación.
El mercado ilícito no sólo desplaza ventas de empresas establecidas. También reduce la recaudación, debilita empleos formales y expone a las personas consumidoras a mercancías que no cumplen controles sanitarios, técnicos o de calidad.
La ilegalidad crea una competencia desigual
Las empresas formales cubren impuestos, salarios, seguridad social, certificaciones y normas de producción. Quienes distribuyen artículos falsificados evaden buena parte de esos costos y ofrecen precios bajos que resultan difíciles de igualar dentro de la legalidad.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación advirtió que esta brecha limita el crecimiento de negocios de todos los tamaños. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan una presión especial porque cuentan con menos recursos para proteger marcas, rastrear mercancías o emprender acciones legales.
La piratería afecta las cadenas completas de suministro. El daño comienza con la falsificación, continúa en el transporte y la distribución clandestina y termina en puntos de venta físicos o digitales.
Uno de cada cuatro cigarros es ilegal
El sector tabacalero representa uno de los ejemplos más visibles. El 26 por ciento de los cigarros consumidos en el país proviene del mercado ilegal, equivalente a más de 9 mil millones de unidades cada año.
La evasión fiscal asociada se estima en más de 23 mil millones de pesos anuales. Una cajetilla legal ronda los 100 pesos debido, entre otros factores, a la carga tributaria, mientras que un producto ilegal puede encontrarse desde 20 pesos.
La diferencia incentiva la compra, pero también impide conocer el origen y contenido de la mercancía. En medicamentos, autopartes, alimentos y dispositivos electrónicos, la falta de trazabilidad puede convertirse en un riesgo directo para la salud y la seguridad.
Industria y autoridades plantean inteligencia compartida
Las propuestas presentadas incluyen identificar rutas, patrones de contrabando y mercancías mediante intercambio de información entre empresas y autoridades. También se busca emplear tecnología para rastrear productos y reforzar la coordinación con aduanas y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Otra prioridad consiste en diseñar estrategias específicas para cada sector. El riesgo de un medicamento falsificado no es igual al de una prenda o un componente automotriz, por lo que las acciones de prevención y verificación deben responder a las características de cada mercado.
La Canacintra y el Observatorio Nacional Ciudadano formalizaron un convenio para colaborar en propiedad industrial, capacitación, orientación empresarial y cultura de la legalidad. El reto será traducir ese acuerdo en investigaciones, aseguramientos y reducción de los puntos de venta.
Combatir la piratería requiere atender tanto la oferta como la demanda. Mientras los productos ilícitos se perciban como una compra sin consecuencias, continuará un mercado que resta recursos públicos, debilita empleos y expone a millones de consumidores.
Fuentes: La Crónica de Hoy, Canacintra y Observatorio Nacional Ciudadano.
