El Gobierno de México extendió hasta el 31 de diciembre de 2030 el decreto que reduce el impuesto general de importación en regiones fronterizas, una decisión que mantiene condiciones preferenciales para 1,349 fracciones arancelarias y da a comercios y prestadores de servicios un horizonte de cuatro años para planear compras, inventarios e inversiones.
La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre y entró en vigor al día siguiente. Su alcance incluye la franja norte, la zona colindante con Guatemala y territorios específicos del país donde los negocios compiten de manera directa con establecimientos de mercados vecinos.
Más de mil productos mantienen tasa cero
El esquema conserva una tasa ad valorem de cero por ciento para 1,147 fracciones arancelarias y de cinco por ciento para otras 193. Dos fracciones quedan sujetas a una desgravación mediante cupo anual, mientras siete corresponden a la reducción total o parcial del gravamen aplicado a vehículos usados.
La distribución permite que las empresas inscritas importen una amplia variedad de mercancías con menores costos fiscales, siempre que cumplan los requisitos sobre ubicación, actividad y productos establecidos por la autoridad. La prórroga evita un cambio abrupto en la estructura de costos de los negocios que dependen del abasto internacional y requieren anticipar pedidos con varios meses de preparación.
También se renovarán de manera automática los registros vigentes como Empresa de la Frontera otorgados por la Secretaría de Economía. Los titulares no tendrán que presentar un trámite adicional para conservar el beneficio durante la nueva vigencia, lo que reduce cargas administrativas y evita interrupciones por procesos de renovación.
La cobertura llega al norte y al sur
El decreto abarca la totalidad de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, además de una región parcial de Sonora. Incluye Caborca, en Sonora; Comitán de Domínguez, en Chiapas; Salina Cruz, en Oaxaca, y Tenosique, en Tabasco.
En la frontera sur cubre una franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria con Guatemala, desde Unión Juárez hasta la desembocadura del río Suchiate, e incorpora a Tapachula. En el norte considera el territorio ubicado entre la línea internacional y otra paralela trazada 20 kilómetros hacia el interior, desde el límite de la región parcial de Sonora hasta el Golfo de México, además de Cananea.
La amplitud territorial conecta realidades comerciales distintas: ciudades integradas a cadenas logísticas con Estados Unidos, localidades de intercambio cotidiano con Guatemala y zonas donde el costo del transporte influye de forma directa en los precios al consumidor.
Certidumbre para inversión, abasto y empleo
La extensión había sido solicitada por cámaras de comercio, servicios y turismo con presencia en las zonas beneficiadas. Treinta cámaras confederadas tienen sede en localidades comprendidas por el decreto, por lo que la continuidad incide tanto en grandes distribuidores como en negocios familiares que realizan importaciones definitivas.
Para las empresas, contar con una fecha de vigencia hasta 2030 permite negociar contratos de suministro, definir inventarios y evaluar inversiones con menor incertidumbre regulatoria. La medida busca sostener la competitividad frente a mercados internacionales, preservar la planta productiva y proteger puestos de trabajo ligados al comercio y los servicios.
La participación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía en la instrumentación vincula el incentivo comercial con la política fiscal y de desarrollo regional. El reto será que los beneficios arancelarios se traduzcan en mayor actividad formal, disponibilidad de productos y capacidad de crecimiento para los establecimientos elegibles.
Las empresas deberán revisar las reglas
La renovación automática del registro no elimina las obligaciones relacionadas con las mercancías, el domicilio ni la actividad económica. Cada negocio deberá comprobar que sus operaciones corresponden a las zonas delimitadas y que las fracciones utilizadas están contempladas en el esquema.
La prórroga aporta continuidad, pero su efecto dependerá de una aplicación correcta y de la capacidad de los comercios para convertir el menor costo de importación en inversión, abasto y empleo. El nuevo plazo ofrece tiempo suficiente para medir esos resultados antes de que el decreto vuelva a revisarse al cierre de 2030.
Fuentes: La Capital, Cúspide México
