El 88 por ciento de los desastres registrados en América Latina y el Caribe durante tres décadas tuvo origen hídrico.
El dato forma parte del informe Agua y cambio climático en Iberoamérica, presentado el 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de Iberoamérica. El documento, elaborado por el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, examina cómo las sequías, inundaciones y alteraciones de los ecosistemas afectan a la región y plantea cambios en la gestión del recurso.
Abundancia regional y acceso desigual
América Latina concentra cerca de un tercio de los recursos hídricos renovables del planeta, pero alrededor de 140 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada sin riesgos y 324 millones no tienen saneamiento seguro, de acuerdo con el informe. La brecha es especialmente marcada en zonas rurales y periferias urbanas. Las cuencas del Amazonas, el Plata y el Orinoco reúnen buena parte del agua superficial, aunque esa distribución no equivale a acceso uniforme para la población.
El estudio también destaca el papel de las aguas subterráneas como reserva frente a las sequías. En algunos países de la región sostienen cerca de 60 por ciento del abastecimiento urbano. La disponibilidad natural y la capacidad de distribuir agua segura son problemas distintos, una diferencia que atraviesa el análisis de las 22 naciones iberoamericanas participantes.
Acuíferos, glaciares y calidad del agua
Entre los procesos de deterioro identificados aparece la sobreexplotación de acuíferos. En México, 114 de los 653 acuíferos considerados en el documento han sido utilizados por encima de su capacidad. En los Andes, el retroceso glaciar equivale a 22.9 gigatoneladas de hielo por año. Ambos fenómenos reducen o alteran reservas que abastecen a comunidades, ciudades y actividades productivas.
La calidad del agua constituye otro frente. El reporte señala que 46 por ciento de las aguas residuales de Latinoamérica recibe tratamiento adecuado. También recoge problemas de contaminación por mercurio y arsénico asociados con minería ilegal y actividades extractivas sin control en cuencas amazónicas y andinas. La pérdida de páramos y manglares debilita, además, ecosistemas que ayudan a regular el ciclo hídrico.
La coordinación institucional como desafío
La responsable académica del informe, Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, explicó que autoridades y representantes de 22 países identificaron la gobernanza como el principal problema para administrar el agua. El concepto incluye coordinación de instituciones, leyes, financiamiento, información y participación social. La desarticulación puede dificultar decisiones sobre suministro, calidad y prevención de conflictos.
El documento advierte que la inversión pública regional en agua y saneamiento se redujo a la mitad entre 2010 y 2019. También observa que algunos planes hidrológicos siguen basados en registros históricos que no reflejan plenamente las condiciones climáticas actuales. La información fragmentada entre organismos es otro obstáculo para detectar zonas críticas y comparar riesgos entre territorios.
Cuatro ejes para la agenda hídrica
Las recomendaciones se agrupan en institucionalidad y gobernanza; infraestructura resistente y soluciones basadas en la naturaleza; información, capacitación e innovación; y financiamiento. Son propuestas voluntarias que cada país puede adaptar a sus condiciones. La hidrogeóloga Mónica Guzmán Rojo subrayó la utilidad de integrar mediciones de pozos, ríos y clima con datos sociales para identificar necesidades locales.
La presentación del informe en la cumbre iberoamericana pone cifras a una presión compartida: mientras los fenómenos relacionados con el agua dominan el registro regional de desastres, millones de habitantes aún no cuentan con servicios seguros de agua y saneamiento. El documento plantea una agenda de coordinación para los países participantes.
Fuentes: Mongabay Latam, Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
