Una mayoría amplia de gobiernos colocó este jueves la reforma de las Naciones Unidas en el centro del debate diplomático, con llamados a corregir la representación desigual del Consejo de Seguridad, revisar el uso del veto y mejorar la capacidad de la organización para convertir sus decisiones en resultados verificables.
Las intervenciones reunidas durante el Debate General de los 193 Estados miembros coincidieron en un diagnóstico: la arquitectura diseñada en 1945 ya no refleja el peso demográfico, político y económico del siglo XXI. Sin embargo, las coincidencias sobre la necesidad de cambiar contrastaron con diferencias profundas acerca de la distribución del poder y de las atribuciones que conservarían los cinco miembros permanentes.
África y América Latina reclaman un lugar permanente
Uno de los puntos más repetidos fue la ausencia de África entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pese a que el continente concentra una parte considerable de la agenda del organismo. La discusión también incluyó la subrepresentación de América Latina y el Caribe, regiones que buscan participar de manera estable en las decisiones sobre paz, sanciones y despliegues internacionales.
Guyana planteó que ambas regiones deben contar con representación permanente. España respaldó una composición regional más equilibrada y agregó la necesidad de poner fin al veto, una herramienta que permite a cualquiera de las cinco potencias permanentes bloquear una resolución aun cuando reúna el respaldo de los demás integrantes.
La disputa no se limita a sumar asientos: también abarca el tipo de voto, la duración de los mandatos y la posibilidad de que los nuevos integrantes permanentes tengan las mismas facultades que los actuales.
El veto concentra las principales diferencias
Rusia apoyó ampliar la presencia de Asia, África y América Latina, pero advirtió que la reforma no debe reducir las prerrogativas de los miembros permanentes. Esa posición muestra el obstáculo político central del proceso: cualquier modificación de fondo necesita el consentimiento de quienes hoy poseen mayor capacidad de decisión.
Para los países que piden limitar o eliminar el veto, el mecanismo afecta la credibilidad del sistema cuando paraliza respuestas ante guerras o crisis humanitarias. Para sus defensores, en cambio, preserva el equilibrio entre potencias y evita que el Consejo adopte decisiones sin considerar intereses estratégicos capaces de agravar una confrontación.
El consenso sobre una ONU más representativa todavía no se traduce en una fórmula común, por lo que la negociación deberá resolver tanto la integración del Consejo como las reglas con las que operaría una composición ampliada.
La iniciativa ONU80 abre la discusión administrativa
El debate político se desarrolla al mismo tiempo que la iniciativa ONU80, orientada a construir una organización más coherente, eficaz y capaz de responder con rapidez. Suiza y Costa Rica pidieron que la eficiencia se mida por resultados, mientras China sostuvo que la reforma no puede reducirse a recortes presupuestarios.
Guyana vinculó las responsabilidades de la institución con la asignación de recursos suficientes. España también reclamó mayor capacidad operativa. Estados Unidos, por su parte, informó que el presupuesto de 2026 fue reducido en 15 por ciento y que más de cuatro mil puestos burocráticos fueron eliminados, una señal de la presión para contener costos.
La discusión financiera enfrenta dos riesgos. Un aparato excesivamente pesado puede retrasar la ejecución de acuerdos, pero una reducción sin prioridades claras puede debilitar misiones de paz, ayuda humanitaria y programas de desarrollo. El reto consiste en eliminar duplicidades sin vaciar los mandatos aprobados por los propios Estados.
La reforma dependerá de reglas coherentes y resultados
Las delegaciones relacionaron la renovación institucional con una crisis más amplia de confianza en el sistema multilateral. La aplicación selectiva de las reglas, los bloqueos prolongados y la distancia entre resoluciones y resultados han alimentado cuestionamientos sobre la utilidad práctica de la organización.
El balance del jueves dejó una hoja de ruta política, aunque todavía sin calendario definitivo: mejorar la representación regional, discutir el alcance del veto, alinear recursos con responsabilidades y establecer indicadores que permitan evaluar el desempeño. La viabilidad dependerá de que las potencias acepten negociar parte de sus privilegios y de que el resto de los Estados converja en un modelo concreto.
Una reforma limitada a ajustes administrativos difícilmente resolvería el déficit de legitimidad. Al mismo tiempo, una ampliación del Consejo sin mecanismos eficaces podría reproducir la parálisis con más participantes. La prueba será combinar inclusión, capacidad de decisión y rendición de cuentas en un acuerdo que pueda ser ratificado por los miembros.
Fuentes: Noticias ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas.
