Los 32 gobernadores del país firmaron un llamado a la Suprema Corte para que considere no eliminar la prisión preventiva oficiosa.
El máximo tribunal debatirá la medida que permite mantener a personas en prisión por el hecho de ser acusados de delitos ‘graves’. La alternativa que se propone es que los jueces deben analizar cada caso para determinar si es necesaria la prisión para evitar la fuga del acusado o que ponga en riesgo a víctimas.
Los gobernadores de todos los partidos consideran que eliminar la medida significaría una “vulneración” de la Constitución y un “grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos”.
Titulares de los Ejecutivos estatales afirman que eliminar la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo a las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
Según los gobernadores, la medida se refiere a “delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves”.
El oficio, introducido bajo la figura de ‘amigo de la corte’ (amicus curiae), afirma que la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos.
Con información de: Aristegui Noticias
