Sin información clara y con acceso limitado para ver a sus familiares, decenas de personas se concentraron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado tras la detención de 157 policías municipales de las corporaciones de Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa. El operativo tomó por sorpresa tanto a los elementos como a sus familias y, hasta el momento, continúa rodeado de incertidumbre.
La Fiscalía confirmó que los agentes fueron asegurados como parte de los procesos de control y confianza aplicados a corporaciones municipales. No obstante, familiares de los detenidos denunciaron que no se les ha informado si los policías enfrentan cargos, cuánto tiempo permanecerán bajo resguardo ni cuáles son las causas legales específicas de las detenciones.
Según los testimonios de familiares, las aprehensiones ocurrieron la mañana del sábado durante operativos simultáneos en varios municipios. Desde entonces, familiares han acudido a la sede de la Fiscalía en busca de respuestas. Señalan que el acceso para ver a los policías es breve y sin posibilidad de comunicación, lo que ha incrementado la preocupación ante la falta de información oficial.
De manera extraoficial, se ha indicado que el número de detenidos supera los 150 elementos, lo que ha complicado la atención a los familiares. Muchos aseguran que solo han podido confirmar que los policías se encuentran en los separos, sin conocer su estado legal ni el curso de las investigaciones.
En imágenes difundidas por Milenio se observa a familiares reunidos frente a las instalaciones oficiales, exigiendo claridad sobre el procedimiento y reclamando que no se les ha notificado si se trata de revisiones administrativas o de investigaciones con posibles consecuencias penales.
La Fiscalía de Chiapas sostuvo que las acciones se realizan conforme a la ley y forman parte de los mecanismos para evaluar la confiabilidad de los cuerpos policiacos. Sin embargo, hasta el momento no ha ofrecido información detallada sobre cada caso, ni ha establecido plazos claros.
Mientras tanto, los familiares insistieron en la necesidad de transparencia, información oportuna y respeto al debido proceso, al señalar que el silencio oficial ha profundizado la incertidumbre en torno al futuro legal de los policías detenidos.
