Las principales centrales sindicales de España convocaron una huelga general para el próximo 11 de noviembre con demandas centradas en el acceso a una vivienda digna, la recuperación del poder adquisitivo y la mejora de los salarios frente al encarecimiento del costo de vida.
La movilización, impulsada por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, se celebrará a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Este 8 de octubre, la Confederación Europea de Sindicatos expresó su respaldo a la convocatoria y presentó la crisis habitacional como un problema que rebasa las fronteras españolas.
Vivienda, salarios y precios articulan la protesta
Los convocantes plantean tres ejes inmediatos: salarios capaces de cubrir las necesidades básicas, acceso a vivienda a precios razonables y medidas que contengan el impacto de la inflación. La plataforma sindical sostiene que los alquileres y el precio de compra han avanzado por encima de los ingresos de amplios sectores de la población.
Entre sus demandas aparecen las cláusulas de revisión salarial, la renovación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el desbloqueo de convenios y la creación de un parque público permanente de vivienda social. También reclaman mecanismos de control para los arrendamientos en las zonas con mayor presión.
La huelga busca trasladar el malestar social a una jornada nacional de paro y colocar el debate sobre vivienda e ingresos en el centro de la agenda pública. Los sindicatos prepararán durante las próximas semanas la organización territorial, las concentraciones y los servicios que deberán mantenerse.
La crisis habitacional aceleró la convocatoria
El anuncio llega después de varias protestas por los desalojos y el aumento de los alquileres en Madrid y otras ciudades. Uno de los casos que detonó nuevas movilizaciones fue el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada del departamento madrileño en el que había vivido durante siete décadas. Su fallecimiento fue informado este miércoles por una organización de inquilinos.
Ese episodio intensificó la presión sobre el gobierno y sobre el Congreso para adoptar medidas frente al encarecimiento residencial. Un paquete de decretos promovido por el Ejecutivo para atender la crisis no consiguió superar la votación parlamentaria, lo que amplió el enfrentamiento político sobre el alcance de las regulaciones.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que intentará llevar nuevamente dos decretos sobre vivienda a una comisión legislativa especial. La disolución del Congreso y el adelanto electoral han reducido el margen político, pero las organizaciones sindicales consideran que las respuestas no pueden esperar al siguiente periodo gubernamental.
El respaldo europeo amplía el alcance del reclamo
La Confederación Europea de Sindicatos aprobó una resolución de apoyo a CCOO y UGT. En ella describió la falta de vivienda asequible como una emergencia compartida por diversos países del continente y vinculó el problema con la especulación, el aumento de los alquileres y la pérdida de capacidad de compra.
La organización europea pidió a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales situar la vivienda asequible y el empleo justo entre sus prioridades. También defendió el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos para distribuir de forma más equilibrada el crecimiento económico.
Ese respaldo añade una dimensión continental a una jornada concebida en España. El encarecimiento residencial, la dificultad de los jóvenes para independizarse y la distancia entre salarios y alquileres forman parte de un debate extendido en varias capitales europeas.
La huelga coincidirá con una campaña electoral corta
La fecha del paro, el 11 de noviembre, quedará dentro de una campaña marcada por el adelanto de las elecciones al día 29. La proximidad entre ambos acontecimientos elevará la atención sobre las propuestas de los partidos en materia laboral, salarial y de vivienda.
Los sindicatos subrayan que la convocatoria mantiene objetivos sociales concretos, aunque sus demandas inevitablemente formarán parte de la discusión electoral. Los servicios mínimos, el alcance por sectores y las movilizaciones previstas deberán precisarse conforme se acerque la fecha.
El resultado de la huelga se medirá tanto por la participación como por la respuesta institucional. Durante el próximo mes, sindicatos, patronales y autoridades tendrán espacio para negociar, mientras la convocatoria conserva la presión de una movilización nacional ya respaldada por la principal organización sindical europea.
Fuentes: France 24, PressDigital.
