La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley general en materia de feminicidio, en una sesión marcada por reclamos, posturas encontradas y exigencias de justicia por parte de distintas legisladoras.
Durante el debate se retomaron casos emblemáticos como el de Edith Guadalupe Valdés, así como la lucha de Irinea Buendía por el feminicidio de su hija Mariana Lima. También se mencionó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, como referencia de las fallas en la investigación de este delito en México.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo 467 votos a favor, sin oposición ni abstenciones, con lo que se avaló el dictamen que permitirá avanzar hacia una legislación general en la materia.
En tribuna, diputadas coincidieron en que la reforma no resolverá por sí sola la violencia feminicida, pero señalaron que representa un paso para homologar el delito en todo el país y mejorar la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
También hicieron un llamado a los congresos estatales para armonizar sus leyes y a las autoridades para aplicar correctamente el concepto de feminicidio. En ese contexto, insistieron en que la violencia contra las mujeres continúa siendo una deuda pendiente.
Desde la oposición se cuestionó la falta de resultados en materia de justicia, al advertir que los casos de violencia persisten. “No es cierto que llegamos todas”, señalaron durante la discusión.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando la diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, expresó su molestia por la falta de respuesta ante la violencia, lo que generó críticas de legisladoras de Morena y del PT, quienes consideraron inapropiadas algunas de sus expresiones.
El tema del presupuesto también estuvo presente, ya que se advirtió que la falta de recursos ha afectado la operación de Ministerios Públicos y espacios de atención a víctimas, como refugios.
Además, el debate incluyó señalamientos entre bancadas sobre la responsabilidad de la violencia en administraciones pasadas y actuales, lo que derivó en confrontaciones políticas.
El dictamen establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación general en materia de feminicidio. Mientras tanto, las leyes federales y locales vigentes continuarán aplicándose.
Con esta reforma se busca fortalecer la coordinación institucional, mejorar las políticas públicas y avanzar en la homologación del delito, con la finalidad de reducir la impunidad y garantizar justicia para mujeres y niñas.
