Familiares, integrantes de organizaciones civiles y miembros de comunidades indígenas despidieron en Chiapas a Reynaldo Pérez Pérez, defensor de personas desplazadas asesinado esta semana en Chenalhó. Las exequias y la inhumación se realizaron el viernes entre exigencias de justicia. La noticia de la despedida fue difundida este sábado 31 de octubre, mientras la investigación por el homicidio continúa sin detenidos reportados.
Pérez era maestro e indígena tsotsil. En los últimos años acompañó a familias expulsadas de Santa Martha tras la violencia de 2022 y documentó denuncias sobre agresiones en comunidades de los Altos. Su muerte ocurrió el miércoles 28 de octubre en Yabteclum, cuando esperaba afuera de un taller mecánico al que había acudido para atender su vehículo.
Una despedida marcada por la exigencia de justicia
Padres, familiares, personas de la Iglesia y activistas acompañaron el funeral. Los asistentes reclamaron el esclarecimiento del ataque y recordaron el trabajo de Pérez con familias desplazadas. La ceremonia fue un momento de duelo para su entorno cercano y para quienes participaron con él en labores de defensa comunitaria.
Las organizaciones que condenaron el homicidio señalaron que el defensor había recibido amenazas y contaba desde 2023 con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su asesinato, pese a esas medidas, ha llevado a los colectivos a pedir una revisión de cómo fueron aplicadas y de si resultaban suficientes frente al riesgo que enfrentaba.
El ataque frente a un taller en Chenalhó
De acuerdo con los datos conocidos del caso, dos hombres llegaron en motocicleta al taller de Yabteclum. Uno descendió y disparó contra Pérez con un arma de fuego. Las autoridades estatales iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. El móvil no ha sido establecido públicamente y el seguimiento del expediente no permite atribuir el crimen a un grupo o persona determinados.
La Fiscalía estatal, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las indagatorias siguen abiertas. La ausencia de detenciones reportadas hasta la difusión de la despedida mantiene pendiente una respuesta judicial sobre lo ocurrido. Las condenas públicas de las organizaciones no sustituyen esa investigación ni adelantan sus conclusiones.
El trabajo con familias desplazadas de Santa Martha
El defensor dedicó parte central de su actividad reciente a acompañar a familias que salieron de Santa Martha después de hechos violentos registrados en junio de 2022. También hizo visibles denuncias de pobladores de Tzanembolom Alto sobre el asedio de un grupo armado. Su labor se desarrolló en un entorno de disputas comunitarias y desplazamiento prolongado en la región.
Distintos relatos públicos usan cifras diferentes para describir a las familias vinculadas con esos procesos, por lo que el dato verificable en común es la existencia de personas desplazadas a quienes Pérez acompañaba. Su tarea se extendía más allá de un solo expediente: documentaba presuntos despojos y agresiones y participaba en la defensa de derechos de población indígena de los Altos.
Medidas de protección bajo escrutinio
Más de una veintena de organizaciones civiles y académicas condenaron el homicidio y pidieron revisar la implementación de las medidas de protección otorgadas al defensor. Ese reclamo se suma a la exigencia de esclarecer las circunstancias del ataque, individualizar responsabilidades y atender el riesgo de quienes continúan trabajando con comunidades desplazadas.
La existencia de medidas desde 2023 es un hecho relevante para evaluar la respuesta institucional, pero aún no hay una conclusión oficial sobre su funcionamiento en el momento del crimen. La última situación confirmada es que la Fiscalía mantiene abierta la investigación por el asesinato ocurrido en Yabteclum, mientras familiares y organizaciones cerraron la despedida de Pérez con una demanda de justicia.
Fuentes: Proceso, N+.
