Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos exigieron a los gobiernos federal y de Guerrero intervenir de manera inmediata ante la violencia que enfrentan comunidades indígenas de la Montaña Baja, donde pobladores denuncian ataques armados atribuidos al grupo criminal Los Ardillos.
De acuerdo con las agrupaciones, al menos 800 personas tuvieron que abandonar sus hogares en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán debido a la violencia registrada en los últimos días.
Las denuncias señalan que hombres armados incendiaron viviendas, asesinaron animales y dejaron al menos cinco personas muertas, además de sembrar temor entre la población.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta pidieron frenar de inmediato los ataques, incluidos los realizados con drones explosivos y armas de alto calibre.
Las organizaciones también demandaron acciones urgentes para localizar a personas desaparecidas o retenidas, así como investigar y castigar a los responsables de la violencia.
Según señalaron, las comunidades integradas al Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ) han vivido bajo presión del crimen organizado desde 2015, con decenas de asesinatos y desapariciones documentadas durante ese periodo.
Indicaron que el pasado 9 de mayo integrantes del grupo armado ingresaron a la comunidad de Alcozacán y atacaron a civiles, entre ellos mujeres y niños.
Además, acusaron falta de respuesta efectiva por parte de autoridades estatales y federales, pues aseguraron que los elementos militares presentes en la zona no actuaron para proteger a la población y únicamente observaron los hechos.
Las organizaciones advirtieron que, pese a varios días continuos de agresiones, las comunidades siguen sin recibir suficiente presencia de fuerzas de seguridad para garantizar la protección de las familias desplazadas.
