El gobierno comunitario de Chilón y comunidades tseltales organizadas reiteraron su rechazo al proyecto carretero Palenque-San Cristóbal y denunciaron amenazas de encarcelamiento, vigilancia e ingreso de personal técnico a parcelas sin consentimiento. El pronunciamiento fechado el 20 de septiembre responsabiliza a los tres niveles de gobierno por cualquier afectación a la integridad de quienes mantienen la defensa de sus tierras.
Las organizaciones comunitarias afirmaron que previamente comunicaron su posición a ingenieros y a un delegado gubernamental. También sostuvieron que las parcelas involucradas forman parte del sustento cotidiano de las familias y que la decisión sobre su uso corresponde a las asambleas y habitantes de las localidades afectadas.
Ingreso de ingenieros el 18 de septiembre
Las comunidades situaron uno de los episodios centrales el viernes 18 de septiembre, cuando, de acuerdo con su denuncia, un grupo de ingenieros ingresó a terrenos de la zona sin autorización para realizar actividades vinculadas con el trazado carretero. El señalamiento fue acompañado por reportes de sobrevuelos de drones y vigilancia permanente en distintos puntos.
Ante esa situación, los pobladores organizaron rondines para controlar la entrada de personas ajenas. En su declaración colectiva aseguraron que la presencia externa no fue acordada mediante los mecanismos comunitarios y rechazaron que reuniones, firmas o documentos aislados puedan utilizarse como prueba de una decisión adoptada libremente por las localidades.
Ruta de las Culturas Mayas acumula oposición comunitaria
El enlace entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque ha sido planteado por distintos gobiernos durante más de tres sexenios. La administración estatal actual lo denomina Ruta de las Culturas Mayas. Los grupos opositores identifican el tramo Palenque-Ocosingo, ya en construcción, como parte del corredor que atraviesa territorios indígenas.
El movimiento Caminos de Vida y Resistencia reúne al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Indígenas, la Brigada Común, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas y una caravana de documentación sobre el proyecto. Estas agrupaciones reclaman acceso a información y una consulta libre, previa, informada y culturalmente apropiada.
Parcelas, manantiales y lugares sagrados
Los pronunciamientos colocan entre los bienes que consideran amenazados a parcelas de cultivo, manantiales y lugares sagrados. También cuestionan las dimensiones del derecho de vía y señalan que los efectos ambientales de una carretera se extienden fuera de la franja ocupada directamente por la obra.
Una de las cifras expuestas por las organizaciones es la presencia de 966.03 hectáreas de selva primaria en el área que identifican como susceptible de impacto, además de especies endémicas y ríos. Asimismo, sostienen que aproximadamente 94 por ciento de la deforestación asociada con caminos ocurre dentro de una franja de influencia más amplia que el derecho de vía.
Exigen detener presiones y amenazas
El comunicado comunitario exige el cese del hostigamiento, la intimidación y las amenazas contra quienes se oponen al proyecto. Los firmantes afirmaron que defender la tierra implica proteger los medios de vida familiares y el vínculo colectivo que mantienen con el territorio, por lo que descartaron reducir la discusión a acuerdos económicos individuales.
Las comunidades de Chilón mantuvieron su negativa a permitir decisiones externas sobre sus parcelas y pidieron que cualquier procedimiento respete sus formas de organización. El documento difundido el domingo reafirma que la posición expresada a los representantes y técnicos no ha cambiado y atribuye a las autoridades la obligación de resguardar los derechos y la seguridad de los habitantes involucrados.
Fuentes: Desinformémonos, Cuarto Poder
