La propuesta fiscal para 2027 limitaría las deducciones de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y restringiría el uso anual de pérdidas acumuladas, cambios que elevarían la presión sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo.
La Secretaría de Hacienda plantea dos topes para las deducciones: 96.7 por ciento de los ingresos acumulables cuando las empresas superen ese nivel y 99 por ciento para quienes mantienen una menor proporción de gastos deducibles. Distribución, manufactura y comercialización figuran entre los sectores con mayor exposición.
Las deducciones tendrían topes de 96.7 y 99 por ciento
El mecanismo no distinguiría por sí mismo entre un gasto legítimo y una deducción indebida. La base gravable aumentaría aun cuando el desembolso empresarial sea real, porque una parte del gasto no podría restarse durante el ejercicio. Esa diferencia se convertiría en un mayor pago de Impuesto Sobre la Renta.
Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, calculó que en empresas de bajo margen el ISR a cargo podría aumentar hasta 66.5 por ciento. Ejercicios del comité fiscal del organismo arrojaron incrementos superiores a 100 por ciento en impuestos efectivamente pagados para algunos casos.
Las pérdidas sólo se amortizarían hasta 50 por ciento
La iniciativa también limita el uso de pérdidas fiscales acumuladas al 50 por ciento de la utilidad fiscal de cada ejercicio. Como compensación, el plazo para aplicar ese derecho pasaría de diez a 20 años. El cambio aplaza la recuperación, pero no garantiza que cada compañía pueda utilizar la totalidad del saldo.
El efecto se sumaría al ajuste del coeficiente de utilidad y reduciría la liquidez disponible para inventarios, nómina, proveedores e inversión. Las empresas que operan con márgenes estrechos son las más sensibles porque una variación pequeña entre ingresos y costos puede representar una parte importante de la utilidad final.
Las nuevas facultades del SAT ya modificaron controles internos
Las compañías todavía asimilan los cambios aplicados en 2026 al Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria obtuvo facultades para realizar auditorías rápidas, congelar cuentas relacionadas con créditos fiscales y suspender sellos digitales cuando detecte deducciones respaldadas por facturas de empresas señaladas como simuladoras.
El sello digital permite emitir facturas y recibos de nómina. Una pausa afecta de inmediato la operación. Las empresas han respondido con monitoreo de listas oficiales, automatización, capacitación y revisiones más estrictas de proveedores y clientes, además de corregir operaciones cuando una contraparte aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Menor liquidez puede trasladarse a precios
Margarita Medrano, socia de Impuestos de Baker Tilly México, señaló que una reducción del flujo de efectivo puede obligar a recortar gastos. También puede trasladarse al precio final de bienes y servicios cuando las compañías buscan recuperar parte del costo fiscal adicional.
La combinación de límites a deducciones, amortización parcial de pérdidas y fiscalización acelerada concentra el análisis del sector privado. La propuesta forma parte del Paquete Económico 2027 y deberá pasar por el proceso legislativo antes de entrar en vigor.
Hasta ahora, los parámetros centrales son el umbral de 50 millones de pesos en ingresos, el tope de 96.7 por ciento, el límite alternativo de 99 por ciento y la amortización de pérdidas hasta 50 por ciento de la utilidad. El debate empresarial se centra en cuánto capital quedaría inmovilizado y en la capacidad de cada sector para absorber ese costo.
Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Expansión
