La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) expresó su profunda preocupación por la persistencia de embarazos infantiles forzados, uniones tempranas y matrimonios forzados en la entidad, advirtiendo que ninguna costumbre comunitaria, práctica cultural o acuerdo familiar puede estar por encima del interés superior de la niñez.
La organización señaló que esta problemática es un reflejo de la crisis de derechos humanos, la violencia estructural y la ausencia de políticas públicas efectivas que garanticen la protección integral de niñas y adolescentes, particularmente en contextos indígenas y rurales.
El pronunciamiento se da tras conocerse, el pasado 6 de enero, el caso de una menor de entre 11 y 13 años, de origen maya tsotsil, del municipio de San Juan Chamula, quien presentó graves complicaciones de salud derivadas de un embarazo, poniendo en riesgo su vida. El caso evidencia, subrayó REDIAS, los daños físicos y emocionales irreversibles que los embarazos infantiles provocan en el desarrollo integral de las niñas.
A través de un comunicado, la Red advirtió que el aumento de partos en niñas y adolescentes —especialmente en menores de 14 años— no puede normalizarse ni justificarse, ya que en la mayoría de los casos estos embarazos están relacionados con violencia sexual y uniones forzadas, prácticas prohibidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
REDIAS recordó que desde junio de 2019, Chiapas reformó su marco legal para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas ocupa el primer lugar nacional en nacimientos de madres adolescentes. Hasta 2024, se registraron 9 mil 176 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años:
• 4,010 de madres de 17 años
• 2,900 de 16 años
• 1,509 de 15 años
• 757 de niñas de 10 a 14 años
En 2025 se han documentado casos particularmente alarmantes. En Ocosingo, una niña de 10 añosdio a luz; el padre registrado tiene 17 años. En Tuxtla Gutiérrez, se reportó un nacimiento con una madre de 11 años y un padre de 32 años, una diferencia de 21 años que enciende alertas sobre posible abuso sexual.
También se registraron nacimientos de madres de 12 años en San Andrés Larráinzar, y recientemente un caso en San Cristóbal de Las Casas de una madre de entre 11 y 13 años, con una pareja de 17.
Ante este panorama, organizaciones civiles exigieron políticas públicas urgentes y eficaces, enfocadas en la prevención, educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud y aplicación irrestricta de la NOM-046, garantizando atención a las víctimas sin criminalización ni revictimización.
