Venezuela anunció este 24 de julio su salida de la Corte Penal Internacional, una decisión política de alto impacto que no detiene de inmediato las investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con reportes internacionales, el gobierno venezolano comunicó su intención de retirarse del Estatuto de Roma, tratado que da sustento jurídico a la Corte Penal Internacional. La medida fue presentada como una defensa de soberanía frente a lo que Caracas considera un uso parcial del tribunal.
La decisión llega en medio de un expediente sensible: el caso Venezuela I, relacionado con denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución política.
La salida tarda un año en hacerse efectiva
El retiro de un Estado parte del Estatuto de Roma no opera de forma instantánea. Tras la notificación correspondiente, la salida tarda un año en surtir efecto, periodo durante el cual el país conserva obligaciones de cooperación con el tribunal.
Esto significa que la investigación en curso no queda cancelada por el anuncio. La CPI mantiene competencia sobre hechos ocurridos mientras Venezuela formó parte del tratado y puede continuar con diligencias relacionadas con ese periodo.
Caracas acusa parcialidad del tribunal
El gobierno venezolano argumenta que la Corte Penal Internacional ha actuado con sesgo geográfico y político, especialmente contra países del Sur Global. Esa narrativa coincide con críticas de otros gobiernos que han cuestionado la legitimidad del tribunal en casos de alto costo diplomático.
Organizaciones de derechos humanos, en cambio, han advertido que una salida debilitaría los canales internacionales de justicia para víctimas que no han encontrado respuesta dentro del sistema nacional.
Las víctimas quedan en el centro del debate
Más allá del choque entre gobiernos y tribunales, el punto central son las víctimas y el acceso a justicia. Si la cooperación se reduce, los procesos pueden volverse más lentos, pero no necesariamente desaparecen.
El cierre de esta etapa dependerá de la respuesta de la CPI, de la notificación formal ante Naciones Unidas y de la presión diplomática internacional. El caso Venezuela seguirá siendo una prueba mayor para la justicia penal internacional en América Latina.
Fuentes: El País y Corte Penal Internacional.
