Una familia, incluida una niña de un año, fue atacada dentro de su automóvil con gas pimienta por agentes de control migratorio en el estacionamiento de un centro comercial a donde acudió de compras; trabajadores han sufrido maltratos físicos al ser detenidos por otros efectivos; y manifestantes pacíficos han sido enfrentados por los federales que los agreden con fuerza y sustancias químicas. Todas estas acciones son violaciones perpetradas por autoridades que gozan de casi completa impunidad.
Chicago está bajo sitio de las autoridades migratorias y fue seleccionada como uno de los principales objetivos de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, justo por ser no sólo una ciudad históricamente poblada por extranjeros, sino también porque sus gobiernos municipales y estatales demócratas se han atrevido a confrontar al presidente Donald Trump.
Con el objetivo de provocar temor, las redadas han empleado tácticas violentas y de intimidación, que han resultado en incontables abusos de derechos, pero hasta ahora las autoridades federales y sus agentes han operado con un enorme grado de impunidad.
Ante ello, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, estableció la Comisión para el Rendimiento de Cuentas del estado (IAC, por sus siglas en inglés), en la cual nombró a expertos legales, encabezada por el destacado juez federal retirado Rubén Castillo, con una misión parecida a la de un comité de la verdad que busca documentar con pruebas y testimonios de especialistas y representantes de las comunidades afectadas los abusos cometidos por las fuerzas del gobierno federal. Es la primera instancia en el país dedicada a eso.
La semana pasada, la IAC realizó la primera de cuatro audiencias públicas programadas. Fue dedicada a revisar las tácticas de los agentes federales y el impacto del uso frecuente de sustancias químicas durante las operaciones antimigrantes. “Las imágenes son escandalosas… Esto no puede ser la nueva normalidad”, comentó el juez Castillo después de los primeros testimonios y videos.
Susan Gzesh, una de las integrantes nombradas por el gobernador al IAC, abogada y experta en temas de derechos de los extranjeros que residen en Estados Unidos y profesora sobre derechos humanos en la Universidad de Chicago, señaló en entrevista con La Jornada que la tarea de esta comisión es “crear un registro histórico de lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han hecho en la ciudad en términos de abusos a las garantías humanas y civiles”.
“Su propósito es –no sabemos cuándo, pero esperemos más temprano que tarde– que en el momento en que se dé la oportunidad de enjuiciar y condenar a la gente que comete estos abusos ahora, tengamos un registro de lo que ocurre”. Esto incluye el material generado por las comunidades.
