Colectivos chiapanecos solicitaron aclarar el alcance, los permisos y la supervisión de actividades realizadas por jóvenes voluntarios israelíes en comunidades de Los Altos de Chiapas, luego de que se difundieran testimonios sobre su presencia en escuelas y espacios comunitarios. El reclamo se concentra en conocer quién autorizó las visitas, qué contenidos fueron impartidos y qué mecanismos protegieron a niñas, niños y familias participantes.
Misiones Yotam y Heroes for Life operan en comunidades de Los Altos
Las actividades atribuidas a los programas Yotam y Heroes for Life incluyen pintura y rehabilitación de instalaciones, apoyo escolar, enseñanza de inglés y convivencia con habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán y San Juan Chamula. Según los reportes difundidos este martes, los grupos están integrados principalmente por jóvenes israelíes que realizan estancias de voluntariado fuera de su país.
La presencia de visitantes extranjeros no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, la participación dentro de planteles educativos exige información verificable sobre permisos, responsables, objetivos y protocolos de protección, especialmente cuando intervienen menores de edad. Esa es la base de las preguntas formuladas por organizaciones locales, más allá de las distintas posturas políticas que rodean el caso.
Habitantes de Zinacantán habían señalado desde el 12 de junio que personas identificadas por ellos como integrantes o exintegrantes de fuerzas israelíes acudieron a escuelas para pintar instalaciones e impartir actividades. Hasta ahora, esa identificación proviene de testimonios comunitarios y publicaciones de los propios programas; no existe una resolución pública que establezca una conducta ilegal.
El reclamo se concentra en permisos y supervisión escolar
Acción Palestina Chiapas retomó el tema durante un foro celebrado en septiembre en la Universidad Autónoma de Chiapas. El colectivo pidió transparentar convenios, autorizaciones y contenidos, y expresó preocupación por una eventual promoción política favorable a Israel entre comunidades indígenas. La acusación de propaganda corresponde al posicionamiento de la organización y no a una conclusión oficial.
Las preguntas pendientes son concretas: qué autoridad escolar o municipal autorizó cada actividad, si las familias recibieron información previa, quién supervisó el contacto con estudiantes y si hubo evaluación posterior. La respuesta documentada a esos puntos permitiría separar las tareas comunitarias legítimas de cualquier actuación que rebase sus permisos.
También es relevante distinguir entre los proyectos de voluntariado y las iglesias o asociaciones religiosas que manifiestan apoyo a Israel. El Censo de Población y Vivienda 2020 registró que 53.9 por ciento de la población chiapaneca se declaró católica y 32.4 por ciento protestante o cristiana evangélica. Esa diversidad no permite atribuir una sola postura política a todas las congregaciones ni a sus integrantes.
Encuentros oficiales con representantes israelíes
El debate se amplió por reuniones celebradas durante el año entre autoridades estatales, representantes diplomáticos y agrupaciones religiosas. El 10 de enero, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó de un encuentro entre su titular, Óscar Aparicio Avendaño, y el agregado policial de Israel, Yaron Elyashiv. El 26 de mayo, la misma dependencia reportó una reunión con la cónsul Hila Burg y el agregado Zvi Michaeli.
Además, el 5 y 6 de mayo se realizaron encuentros en Tuxtla Gutiérrez con organizaciones como Proyecto Nehemías, Patronato Amigos de Israel y la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén. La existencia de esas reuniones públicas confirma vínculos institucionales y sociales, pero no demuestra que las misiones comunitarias respondan a tareas de seguridad o inteligencia.
Sin pruebas de vínculo entre voluntariado e inteligencia
Hasta este martes no se ha presentado evidencia pública concluyente que conecte las actividades de los voluntarios con operaciones de inteligencia. La información disponible sí justifica solicitar explicaciones a autoridades educativas, municipales y estatales, pero obliga a mantener separadas las sospechas, los testimonios y los hechos comprobados.
Una aclaración oficial debería identificar a las organizaciones participantes, precisar las fechas y sedes de las visitas, detallar los permisos concedidos y explicar las medidas de consentimiento y supervisión. Para las comunidades, contar con esa información es una condición básica para decidir sobre intervenciones externas en sus escuelas y espacios colectivos.
Fuentes: Acción Palestina Chiapas, Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, INEGI, La Jornada, Tribuna de la Bahía.
