El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 incorpora por primera vez un anexo específico para identificar el gasto público relacionado con la diversidad sexual y de género, una herramienta que permitirá seguir 43 mil 369 millones de pesos distribuidos entre programas de distintas dependencias.
La inclusión del anexo 33 abre una nueva etapa en la discusión presupuestaria, porque reúne en un solo apartado recursos que antes aparecían dispersos. La cifra no representa necesariamente dinero adicional, sino una clasificación que busca hacer visible cuánto se destina a acciones de salud, vivienda, educación, empleo, cultura, seguridad y acceso a la justicia para personas LGBT+.
El anexo permitirá rastrear programas y resultados
La Subsecretaría de Egresos explicó ante la Cámara de Diputados que la propuesta fue construida entre marzo y agosto con la participación de varias instituciones federales. El objetivo es ordenar la información disponible, coordinar las intervenciones gubernamentales y ofrecer una base para evaluar si los recursos producen resultados verificables.
La utilidad del instrumento dependerá de que cada programa establezca metas, población beneficiaria e indicadores comparables. La trazabilidad del gasto será central, pues la sola identificación de partidas no garantiza que los apoyos lleguen a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad ni que las acciones reduzcan las brechas existentes.
Diputados revisarán las asignaciones antes de aprobar el gasto
El anexo forma parte de una propuesta que todavía debe ser analizada y votada por la Cámara de Diputados. La Comisión de Diversidad anticipó que buscará ajustes en algunas asignaciones y que la ejecución de los recursos deberá quedar sujeta a supervisión y auditoría, con el fin de evitar que la clasificación se convierta en un ejercicio solamente administrativo.
Entre las prioridades planteadas para la revisión se encuentran recuperar el trabajo comunitario de prevención del VIH, ampliar la atención para mujeres trans y otras personas expuestas a discriminación, fortalecer la respuesta frente a la violencia motivada por prejuicios y crear más oportunidades educativas y laborales. También se analiza cuántas viviendas de los programas federales podrían atender a personas LGBT+ en situación de vulnerabilidad, aunque aún no existe una meta pública.
Los indicadores muestran rezagos en seguridad y educación
La discusión coincide con la presentación en el Congreso del primer Índice de Inclusión LGBT+ de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El estudio reúne 51 indicadores en cinco dimensiones y ubica al país en 0.64 puntos dentro de una escala de cero a uno, donde los valores más altos representan mejores condiciones de inclusión.
Los mayores rezagos aparecen en seguridad personal y violencia, con 0.43 puntos, y en educación, con 0.48. En contraste, participación política y cívica alcanza 0.84, mientras salud obtiene 0.75. El contraste revela que los avances legales y la presencia pública no se traducen de manera uniforme en protección cotidiana, permanencia escolar o acceso sin discriminación a servicios.
Salud mental y evaluación serán dos pruebas decisivas
Durante la exposición de los datos se destacó que 28.7 por ciento de la población LGBT+ reportó pensamientos o intentos suicidas, una proporción cercana al triple de la observada en la población general. Ese indicador coloca la salud mental entre las áreas que requerirán objetivos medibles, continuidad institucional y coordinación con los servicios locales.
La creación del anexo ofrece una referencia inicial para comparar presupuestos y resultados en los próximos años. Su impacto real, sin embargo, se conocerá cuando el Congreso defina las asignaciones finales y las autoridades publiquen reglas, metas e informes de ejecución. El reto será convertir la visibilidad presupuestaria en políticas comprobables que reduzcan desigualdades concretas.
Fuentes: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cámara de Diputados y LatinUS.
