La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados y 517 denuncias presentadas desde octubre de 2024, en un balance que también incluye a 53 personas vinculadas a proceso.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, presentó los resultados en la conferencia presidencial y precisó que las denuncias involucran a mil 52 servidores públicos, además de 82 personas físicas y morales. Los expedientes con elementos que pueden constituir delitos son enviados a la Fiscalía General de la República.
El corte administrativo abarca del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026. De las 4 mil 193 sanciones, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves, una separación que distingue la naturaleza de las responsabilidades determinadas por las autoridades competentes.
Quedan mil 650 casos en proceso ante el tribunal
Durante el mismo periodo, la secretaría remitió mil 737 casos relacionados con servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ese conjunto, 87 personas fueron notificadas como sancionadas y mil 650 expedientes permanecen en proceso.
La vía administrativa corre en paralelo con la presentación de denuncias cuando las investigaciones encuentran posibles conductas delictivas. Buenrostro enumeró entre los principales delitos observados el enriquecimiento ilícito, el uso ilícito de atribuciones y facultades, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el fraude, el ejercicio ilícito del servicio público y el peculado.
Investigaciones incluyen a particulares y empresas
El balance no se limita al desempeño de funcionarios. Las 517 denuncias presentadas mencionan a 82 personas físicas y morales, lo que refleja expedientes en los que las indagatorias alcanzan a particulares vinculados con contrataciones, pagos u operaciones revisadas por el gobierno federal.
Uno de los casos recientes corresponde a 73 millones de pesos en pagos indebidos relacionados con un servicio integral de cultivo de frijol. La dependencia presentó una denuncia penal por probable uso ilícito de atribuciones y facultades. Otro expediente derivó en la vinculación a proceso de cuatro servidores públicos y un particular por contratos presuntamente ilegales superiores a 11.1 millones de pesos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
La secretaría también documentó investigaciones por el uso indebido de datos personales con fines de lucro. Esos expedientes fueron enviados a las autoridades responsables de determinar si existen faltas administrativas o delitos y qué responsabilidades corresponden a las personas involucradas.
Medidas preventivas protegen 83.8 mil millones
Buen Gobierno calculó un impacto económico de 83 mil 800 millones de pesos protegidos mediante acciones preventivas. El mayor componente fue el seguimiento de contratos, con 42 mil 200 millones de pesos, seguido por 29 mil millones derivados de mejoras en compras públicas.
La dependencia agregó 4 mil 800 millones de pesos vinculados con multas y sanciones, así como 7 mil 800 millones obtenidos mediante medidas de eficiencia administrativa. La suma integra acciones que buscan evitar pérdidas al erario antes de que las irregularidades se concreten, además de los montos recuperados o asociados con procedimientos sancionadores.
Dos rutas para determinar responsabilidades
La presentación distinguió entre los procedimientos administrativos y los posibles delitos. Las faltas son procesadas en el ámbito de responsabilidades de los servidores públicos y, cuando corresponde, llegan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los hechos con posibles elementos penales se remiten a la Fiscalía General de la República.
Al cierre del balance, 53 personas habían sido vinculadas a proceso, mientras mil 650 asuntos seguían en trámite ante el tribunal administrativo. Las cifras representan etapas diferentes: una denuncia abre una investigación, una vinculación permite continuar un proceso penal y una sanción administrativa corresponde a una resolución por faltas en el servicio público.
Los resultados presentados abarcan casi dos años de gestión federal y reúnen medidas preventivas, investigaciones, denuncias y sanciones. La secretaría dejó como principales cifras 4 mil 193 sancionados, 517 denuncias, mil 52 servidores públicos señalados en esos expedientes y 83 mil 800 millones de pesos protegidos mediante acciones de control.
Fuentes: ABC Noticias, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
