El Partido Verde Ecologista de México planteó reforzar las capacidades tecnológicas de las instituciones de seguridad ante el uso de drones por grupos criminales, después de que México y Estados Unidos activaran la operación Águila Alta en la frontera para enfrentar esa modalidad delictiva.
La organización política vinculó su propuesta con una reforma aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024. Esa modificación facultó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para promover el uso de herramientas tecnológicas en la prevención, investigación y combate de los delitos.
Águila Alta responde al uso criminal de drones
La operación bilateral comenzó semanas antes del pronunciamiento y se concentra en la zona fronteriza. El objetivo informado es responder al empleo de aeronaves no tripuladas por organizaciones delictivas. Los cárteles han incorporado drones a actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de personas en los dos países.
El despliegue muestra que las herramientas tecnológicas ya forman parte tanto de la operación criminal como de las respuestas institucionales. Los dispositivos permiten observación y desplazamiento a distancia, por lo que las autoridades requieren capacidades para detectar amenazas, compartir información y coordinar acciones en un espacio que involucra a corporaciones mexicanas y estadounidenses.
Águila Alta aparece como el antecedente inmediato del llamado legislativo. La frontera concentra rutas, vigilancia y cooperación binacional, mientras el uso de drones introduce una vía adicional para apoyar actividades ilícitas sin exponer de forma directa a quienes operan los equipos.
La reforma de 2024 amplió las facultades de seguridad
El Partido Verde recordó que impulsó la reforma aprobada en noviembre de 2024. El cambio incorporó la promoción de tecnología dentro de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La medida incluyó herramientas de videovigilancia interconectada e inteligencia informática como parte del fortalecimiento institucional.
El alcance descrito no se limita a adquirir equipos. La reforma busca que las instituciones aprovechen sistemas capaces de enlazar información, apoyar investigaciones y mejorar la respuesta ante actividades delictivas. El intercambio de datos ocupa un lugar central, debido a que las amenazas pueden cruzar jurisdicciones y requerir la intervención de distintas corporaciones.
La prevención también forma parte del marco planteado. Identificar movimientos, patrones y riesgos antes de la comisión de un delito depende de información oportuna y de personal preparado para interpretarla. El PVEM presentó el caso de los drones como una muestra de la velocidad con la que cambian las herramientas utilizadas por los grupos criminales.
Videovigilancia e inteligencia informática en la estrategia
Entre los recursos mencionados están los sistemas de videovigilancia conectados y las plataformas de inteligencia informática. La primera herramienta puede integrar registros generados en diferentes puntos; la segunda permite ordenar y analizar información relevante para una investigación. Ambas requieren coordinación para que los datos puedan convertirse en decisiones operativas.
El planteamiento busca mejorar la capacidad para identificar amenazas y elevar la eficacia de las acciones. También reconoce que la tecnología por sí sola no sustituye el trabajo de las instituciones: su uso depende de facultades legales, procedimientos comunes y canales para compartir información entre autoridades.
La incorporación de drones a operaciones criminales obliga a mantener actualizados esos procesos. Los mismos avances disponibles para tareas civiles y comerciales pueden emplearse en actividades ilícitas, de modo que la capacidad estatal debe adaptarse a escenarios que cambian con rapidez.
Coordinación frente a modalidades delictivas nuevas
El PVEM sostuvo que el Estado necesita herramientas acordes con las modalidades que también utilizan tecnología. Su posición se apoya en la reforma de 2024 y en la operación activada con Estados Unidos, dos acciones que sitúan la modernización institucional dentro de la agenda de seguridad.
El pronunciamiento no anunció una nueva iniciativa ni detalló compras específicas. Reivindicó las facultades ya aprobadas y pidió aprovecharlas para reforzar prevención, investigación e intercambio de información. Águila Alta continúa como la respuesta operativa citada frente al uso de drones en la frontera.
Fuentes: LatinUS, Partido Verde Ecologista de México
