El Congreso del Estado de Chiapas nombró a la regidora Eva Elia Guzmán Gutiérrez como presidenta municipal de Cintalapa, luego de la detención del alcalde Ernesto Cruz Díaz, acusado de actos de corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En sustitución de Guzmán Gutiérrez en la regiduría plurinominal, el Poder Legislativo designó a la ciudadana Eva María Morales Leyva, informó el Congreso local.
La Comisión Permanente dio trámite de urgente y obvia resolución al expediente presentado por la Fiscalía General del Estado, relativo a la detención del edil Cruz Díaz. De acuerdo con la autoridad legislativa, los nuevos nombramientos se realizaron “para garantizar la representación y la gobernabilidad del municipio”.
Tras la aprehensión del alcalde, también fueron detenidos el ex tesorero Reynol Valencia Cruz y la ex síndica Anayeli Reyes Clemente, quienes enfrentan acusaciones por delitos similares. Ambos exfuncionarios colaboraron con Cruz Díaz durante su primer periodo de gobierno, de 2021 a 2024, antes de que el edil se reeligiera para el trienio 2024–2027.
La Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que la ex síndica, junto con otros servidores públicos, realizó pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios a presuntos policías municipales que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control y Confianza.
Además, en Cintalapa fueron detenidos tres policías municipales, así como otros ocho elementos de los municipios de Ocozocoautla y Jiquipilas.
No obstante, fuentes de seguridad señalaron que los servidores y exservidores públicos serían procesados por presuntamente brindar protección al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCHyG), una organización criminal surgida tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa en 2021 y que posteriormente estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones en las regiones Valle Zoque y Frailesca de Chiapas se derivaron de los hechos violentos ocurridos a finales de año en el municipio de Villaflores, donde un comando armado presuntamente vinculado al CJNG incendió dos bares. El ataque dejó un saldo de tres mujeres heridas y ocho hombres secuestrados; siete de ellos fueron hallados sin vida días después, mientras que una de las mujeres falleció durante su hospitalización.
