La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará este jueves sus sesiones itinerantes en Tenejapa, en la región Altos de Chiapas, con un caso que podría sentar un precedente histórico: el eventual reconocimiento de la comunidad indígena como un cuarto orden de gobierno, junto al federal, estatal y municipal.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propone dar la razón al gobierno comunitario tsotsil jLumaltik Candelaria, perteneciente a San Cristóbal de Las Casas, que en 2021 demandó su reconocimiento como sujeto de derecho público y entidad de interés público.
La comunidad busca ejercer su autogobierno y administrar directamente recursos, bajo sus propias formas de organización, al considerar que el modelo municipal es una institución impuesta que no responde a su estructura tradicional.
De aprobarse, la resolución ordenaría al Congreso de Chiapas, al gobierno estatal y al ayuntamiento de San Cristóbal realizar las acciones necesarias para reconocer formalmente al gobierno comunitario. El cabildo sancristobalense ya había aprobado ese reconocimiento en abril de 2024, aunque el Congreso local no lo concretó.
El litigio comenzó tras la negativa del Poder Legislativo estatal de otorgar dicho estatus a la comunidad, lo que llevó a promover un amparo por omisión legislativa. En 2022, un juez ordenó emitir una respuesta fundada, pero negó que existiera omisión de fondo. Ahora, la Corte analiza si esa negativa vulneró los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno previstos en el artículo 2 constitucional.
La discusión retoma los alcances de la reforma indígena de 2001, derivada del levantamiento zapatista, que reconoció el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación en un marco de unidad nacional. Sin embargo, dejó en manos de los estados la regulación específica de esas autonomías.
La decisión que adopte la Corte no solo impactará a Candelaria, una comunidad de poco más de mil 500 habitantes, sino que podría redefinir el alcance constitucional de los derechos de 68 pueblos originarios y más de 23 millones de personas indígenas en el país, al abrir la puerta a que comunidades sean reconocidas como un nuevo orden de gobierno con facultades propias.
