La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo una visión sesgada en la que se defiende a las empresas que brindan el servicio de agua potable, así lo aseguró Bernardo Romero, académico que promovió el amparo 984/2023 contra la Ley de Aguas local, como coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Para el académico es falso decir que la Corte resolvió la constitucionalidad de la norma, sino, mejor dicho, sólo resolvió su amparo. Esa resolución es para Romero una revelación de que “en este y otros temas” existe una tendencia a privilegiar a grupos de poder por sobre los intereses de los usuarios del servicio de agua potable.
No sólo ello, para el académico, esta resolución además avala el enriquecimiento de particulares que venden el agua y no reconoce “algo básico” como que es un derecho humano que debería ser garantizado para toda la población, independientemente de su costo.
“No cabe duda que hay un sesgo por parte de la Corte en este tema y muchos más. Obviamente defiende intereses a los poderosos, a quienes brindan el servicio y deja de lado a los usuarios. La Corte asume, de hecho, que el agua es una mercancía y no un derecho humano”, señaló.
Además, el académico señaló que en abril, un día antes de la discusión en la Corte, y donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá había propuesto una resolución contra la Ley de Aguas, el Congreso local, de mayoría panista, realizó una reforma “exprés” para tratar de evitar una resolución negativa.
“Más allá de posturas políticas, solicitamos el amparo y la Corte lo revisa. Por mayoría de votos, pero no resuelve la constitucionalidad de la ley, sino que son infundados nuestros argumentos, eso es diferente. La Corte no hizo el análisis de la ley, sino de nuestro amparo y señala que nuestros argumentos son infundados, algunos, porque se corrigieron”, señaló.
Con información de: El Universal
