Un operativo en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, derivó en el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, entre ellas 17 niñas y niños, una mujer embarazada, adultos mayores y menores con discapacidad, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Según el organismo, los hechos ocurrieron el 12 de febrero cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron por la mañana a Francisco Moreno Hernández. Horas después, alrededor de cien personas ingresaron al predio donde vivían ocho familias, destruyeron cinco viviendas, incendiaron y robaron pertenencias, además de matar animales domésticos.
El Frayba señaló que en las agresiones participaron habitantes del ejido Jotolá con respaldo de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón y la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario.
Durante los hechos también fue detenida María de Jesús Sánchez. De acuerdo con la denuncia, fue torturada durante su traslado por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida. Ambos fueron presentados ante el Juzgado de Control de Yajalón acusados de despojo agravado.
El 17 de febrero el juez resolvió vincularlos a proceso. A Francisco Moreno se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanece recluido en el penal de Yajalón, mientras que a María de Jesús se le dictó la medida cautelar de firma periódica semanal.
La organización afirmó que, además del desplazamiento, existen ocho órdenes de aprehensión más contra integrantes del Congreso Nacional Indígena, lo que consideró parte de un proceso de criminalización contra quienes defienden la tierra.
El Frayba exigió al Estado mexicano garantizar protección inmediata a las familias desplazadas y aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno, así como la Ley estatal en la materia, ante lo que calificó como graves violaciones a derechos humanos.
