El 2023 cerró con casi 13 mil expedientes abiertos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a los derechos humanos, las cuales ya están siendo investigadas.
Entre las instancias más señaladas se encuentran las del sector salud y el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).
También aparecen en la lista los centros de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Al respecto, la CNDH reportó que realizó durante 2023, 249 recomendaciones a las diferentes instancias investigadas, de las cuales 46 tiene relación con actos de tortura.
Dichos expedientes se abren después de que algún ciudadano expone una queja ante la CNDH para realizar una investigación. Después de las diligencias correspondientes, la CNDH emite una recomendación para buscar la reparación del daño, o puede buscar otro tipo de soluciones a través de la conciliación.
Una de las dependencias con más expedientes abiertos durante el 2023, fue el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, con 2 mil 43 expedientes.
Le siguen el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP, que tiene como finalidad la prevención de los delitos, la readaptación de los sentenciados y el tratamiento a los menores infractores.
El pasado mes de agosto, el Órgano cambió de titular colocando al exsubsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, Hazael Ruiz Ortega, por José Ángel Ávila Pérez. Éste último, el mes de mayo, fue investigado por la Procuraduría General de la República por acusaciones de acoso laboral.
La CNDH precedida por Rosario Piedra Ibarra, tuvo más intervenciones en la Ciudad de México con 3 mil 508 quejas del total. Le sigue el estado de Chiapas con mil 191 quejas y el Estado de México con mil 013 quejas. Después Veracruz con 787, Sonora con 755 y Durango con 683 quejas.
Una ligera disminución
Una de las principales propuestas del Gobierno de Andres Manuel López Obrador fue el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Entre sus puntos se encontraba calificar como delito el incumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las autoridades, el cual hasta lo que va del sexenio, no se logró.
Dicho plan también contemplaba un programa para regular el uso de la fuerza pública, especialmente entre los militares.
Lo que sí se pudo materializar dentro de los objetivos del proyecto fue que la Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad del país, sustituyendo las funciones de policía. La Guardia Nacional estaría integrada por 50 mil elementos de las policías militar, naval y federal y recibiría órdenes directas del presidente.
Estas cifras, al compararlas con los últimos 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto, muestran una reducción de 234 quejas respecto a las que se realizaron contra la Sedena y la Marina.
Estas dos son las instancias militares que se encontraban en funciones en la pasada administración y en en dicho periodo fueron acreedoras a 4 mil 51 quejas, cifra muy parecida a la actual.
Cabe recalcar, que la CNDH, en los últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto aún registraba las quejas realizadas contra la Procuraduría General de la República la cual, en los últimos cinco años de la pasada administración presidencial, recibió 2 mil 557 quejas.
Lo mismo pasó con la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, que en dicho periodo registró 2 mil 804 quejas.
En la administración actual, la CNDH tiene registrados en sus datos abiertos, mil 053 quejas contra la Fiscalía General de la República del 2019 al 2021 y 274 quejas contra la Policía Federal de la SSPC, sólo en el año 2019.
Agravios contra periodistas
En los últimos cuatro años del actual Gobierno federal, a comparación del mismo periodo de su antecesor Enrique Peña Nieto, las cifras de quejas relacionadas con la tortura, privación de la libertad y la desaparición forzada realizadas por las instancias del Estado Mexicano mostraron una reducción importante, al menos en los datos abiertos que mantiene la CNDH.
Del 2015 al 2018, se presentaron 114 quejas por privación de la vida, 86 por desaparición forzada y 406 quejas de tortura, por autoridades como la Sedena, la Marina y las secretarías de Seguridad de diversos estados.
Entre este tipos de quejas consideradas como Hechos violatorios de Mayor Impacto, 606 se realizaron durante la administración de Enrique Peña Nieto y tan solo 385 del 2019 a 2022 de la actual presidencia.
De estas, 69 fueron por privación de la vida, 64 por desaparición forzada y 252 por tortura.
En dichas cifras están involucradas autoridades como la Fiscalía General de la República, la Sedena y la Guardia Nacional.
En los mismos periodos en comparativa, en el caso de los agravios contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, las quejas se duplicaron en la administración de López Obrador
En los últimos cuatros años del sexenio anterior, los dos tipos de quejas suman un total de 310 de las cuales 195 se tratan de agravios contra periodistas y 115 contra defensores de derechos humanos.
En los últimos cuatro años del actual sexenio, en agravios contra periodistas, la CNDH registró 242 quejas y 403 contra defensores de derechos humanos, es decir, más del doble de la administración pasada.
Silencio y opacidad
Aún cuando la ley marca que todos los organismos autónomos y dependencias federales deben de dar a conocer todas las contrataciones que realizan en el sitio de compras del Gobierno federal: Compranet, la CNDH no cuenta con ningún registro con proveedores en esta página de 2018 a la fecha.
A diferencia de otros entes autónomos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue sin transparentar los contratos que otorgó a proveedores en los últimos años. Tampoco cuenta con información respecto a su ejercicio presupuestal o gastos.
En la página de la CNDH, en el apartado denominado “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAASSP) Licitación Pública” únicamente arroja los contratos que ha cerrado con proveedores en fechas recientes.
Por ejemplo, el último contrato que firmó, fue con la compañía Open Business Consulting S.A de C.V., corporativo al que adjudicó una partida presupuestal de un millón 847 mil 196 pesos.
Otorgó otro contrato por concepto de papelería que ascendió a 225 mil pesos a la empresa Cicovisa S.A de C.V.
En tanto, el proveedor Efectivale S. de R.L de C.V, obtuvo una adjudicación por parte de la CNDH por un monto de dos millones 726 mil pesos para este año y dos millones 528 mil pesos más para 2024 bajo el concepto de “Contratación del Servicio de Suministro de Combustible al Parque Vehícular y Plantas Generadoras de Energía Eléctrica para CDMX y Oficinas Regionales”.
Reprueban a Rosario Piedra
A pocos meses de que culmine su gestión, el rendimiento de Rosario Piedra Ibarra es, para activistas y organizaciones civiles reprobatorio
Gildo Garza Herrera, presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, afirma que la administración de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH ha sido una de las peores de la historia de este organismo autónomo.
El activista precisa que la ausencia de recomendaciones por parte de la ombudsperson durante estos años ha generado una percepción negativa por parte de activistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el trabajo de esta comisión.
Con información de: Reporte Indigo
