En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales han dilatado la resolución en definitiva de nueve juicios contra créditos fiscales que suman más de 49 mil millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas.
La Jornada adelantó ayer que el alto tribunal tiene previsto resolver este jueves siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que abordan amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos. Sus efectos confirmarían las sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar a Hacienda 48 mil 326 millones 809 mil pesos, correspondientes a los ejercicios de 2009 a 2015.
Lo anterior, debido a que ministros de la nueva Corte –que hoy cumple apenas dos meses de su primera sesión– concluyen que los recursos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego no plantean un tema de interés excepcional sobre la constitucionalidad de la Ley del ISR que justifique la intervención del alto tribunal.
El juicio con más impugnaciones de Elektra corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024, que cuestiona el crédito fiscal más cuantioso, originalmente determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 18 mil 455 millones 167 mil 83 pesos por concepto de ISR del régimen de consolidación fiscal del ejercicio 2013. Sin embargo, con recargos, multas y actualizaciones, las autoridades reclaman un total de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.
Sobre este litigio, la empresa interpuso 28 recursos, desde solicitudes de facultad de atracción, en los que desde 2021 pedía a la Corte revisar el caso, reclamaciones y una decena de impedimentos pedían apartar de los juicios a ministros, principalmente a Lenia Batres Guadarrama.
El caso se resolvería mediante un juicio de reclamación promovido por la Secretaría de Hacienda contra el acuerdo del 21 de agosto de 2024, emitido por la entonces titular de la SCJN Norma Piña Hernández, quien admitió a trámite el amparo. El ministro ponente, Arístides García Guerrero, propone revocar dicho acuerdo y desechar el amparo, al considerar que carece de “interés excepcional”, pues la Corte ya ha resuelto los temas de constitucionalidad planteados.
