Ciudad de México.- En la entidad del país con mayor número de feminicidios y que este es su segundo año consecutivo en primer lugar en la comisión del delito de feminicidio, acaba de entrar en vigor la “Ley Ingrid”, que protege la privacidad y dignidad de las víctimas de feminicidio al sancionar la filtración y difusión de imágenes, videos u otra información relacionada con víctimas.
Con la llegada de Delfina Gómez Álvarez, se concretó esta propuesta. La maestra Delfina, como le llaman por ser educadora de profesión, asumió el cargo el 16 de septiembre de 2023 y un mes después, el 24 de octubre, la iniciativa de reforma de ley se presentó en el Congreso local con una aprobación unánime.
Finalmente, fue publicada el pasado 3 de diciembre en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, la ley plantea una reforma al Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México y establece penas más severas que en la Ciudad de México, de cuatro a ocho años de cárcel y multas considerables para aquellos que difundan material audiovisual o fotográfico de víctimas. Además, contempla aumentar las penas hasta en un 50 por ciento, de hasta 12 años, cuando el material difundido involucre a víctimas mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
En el caso de la Ciudad de México, la ley fue aprobada por el Congreso en febrero 2021 y sanciona con 2 a 6 años de cárcel, y hasta del doble, a quienes difundan imágenes de víctimas de agresiones.
Los servidores públicos mexiquenses que tengan acceso a información sensible y participen en la comisión del delito también enfrentarán penas de cárcel en caso de difundir esta información de forma indebida. Las multas van de las 300 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (Umas), en relación con el momento en el que se cometió el delito.
Durante el periodo de enero-septiembre del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que en México se han registrado un total de 644 carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio, el estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional con el 11.1 por ciento, es decir, 72 casos reconocidos, que llegaron a ser investigados, esto debido a que organizaciones sociales y de derechos humanos reportan muchos más que se tipificaron de otra forma o que nunca se denunciaron, como ha ocurrido con los feminicidios de mujeres migrantes.
Las cifras del 2022 son mayores, con 955 casos, de los cuales el 14.5 por ciento correspondió al estado de México, siendo también el primer lugar, con 138 casos.
De acuerdo al SESNSP, de los 100 municipios con delitos de feminicidio del 2023 en todo el país, seis son del Estado de México: Toluca, aparece en el número 4 a nivel nacional y primer lugar a nivel estatal; en el número 15 Chimalhuacán; en el número 21 y 22 Chalco y Ecatepec, respectivamente y en los números 38 y 39 Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.
A estos municipios se suman otros que aparecen en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, publicada en el 2015 y una segunda en 2019, con 11 de los 125 municipios en alerta: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
En el marco de esta nueva ley, familiares y sociedad civil organizada pidieron a la gobernadora mexiquense, antes presidencia municipal de Texcoco (2013 a 2015), convocarlos para sostener reuniones y generar – en común- una agenda en materia de violencia contra las mujeres.
Alrededor de 22 organizaciones, en las que destaca Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Colectiva Latinas Guerreras En Movimiento, Observatorio Ciudadano, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, el colectivo Mariposas Buscando Justicia Nacional, piden a la gobernadora Delfina Gómez.
Con información de: CIMAC Noticias
